SCJN da revés al Ayuntamiento de Puebla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al Ayuntamiento de Puebla, al rechazar suspender el acuerdo donde se faculta al gobernador designar a la delegada de Seguridad Pública.

El ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ordenó al Ayuntamiento la entrega de documentación para comprobar la violación constitucional que alega y aún no ha presentado la alcaldía de Claudia Rivera Vivanco.

De este modo, el recurso constitucional sigue en análisis, pero el ayuntamiento recibió el primer golpe al no aportar pruebas.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen un plazo no mayor a 30 días para dar su contestación sobre la controversia presentada.

La administración municipal de Claudia Rivera Vivanco se inconformó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las acciones que el gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta quiere realizar al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana nombrando a su titular, tras señalar que ha recibido denuncias de corrupción en su interior.

 La notificación

Vistos el oficio de demanda y anexos, suscrito por quien se ostenta como Síndico del Municipio de Puebla, Puebla, mediante los cuales promueve controversia constitucional contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de esa entidad.

Atento a lo anterior, se tiene por presentado al promovente y se admite a trámite la demanda que hace valer en representación del Municipio de Puebla; designando autorizados y delegados, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y aportando como pruebas las documentales que acompaña a su oficio, así como la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se relacionarán en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos

Por lo que hace a la petición del promovente detener como domicilio el que indica en el Municipio de Puebla, Puebla, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, en virtud de que las partes están obligadas a designar uno para oír y recibir notificaciones en la sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual ya se acreditó en este asunto.

Por otra parte, se tiene como demandados en este procedimiento constitucional a los poderes  Legislativo y Ejecutivo, ambos de Puebla. Consecuentemente, con copia simple del oficio, empláceseles para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y, al hacerlo, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que, de lo contrario, las subsecuentes se les harán por lista hasta en tanto cumplan con lo indicado.

En otro orden de ideas, y a fin de integrar debidamente el expediente, se requiere a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de Puebla, respectivamente, para que, al dar contestación a la demanda, envíen a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada que comprende lo relativo a la iniciativa, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano Legislativo, así como de todos los municipios del Estado, los diarios de debates y la minuta con proyecto de decreto de los artículos combatidos que, tras su aprobación, fueran enviados al Poder Ejecutivo de la entidad y así como un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad; o bien, copia del documento atinente donde conste su publicación, debidamente certificada y suscrita por el servidor público facultado para tales efectos y de conformidad con la legislación estatal aplicable, apercibidos que, de no cumplir con lo anterior, se  les aplicará una multa.

En otro orden de ideas, dese vista a la Fiscalía General de la República para que, hasta antes de  la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda; igualmente,  a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con  la finalidad de que, si considera que la materia del presente juicio trasciende a sus funciones  constitucionales, manifieste lo que a su esfera  competencial convenga, hasta antes de la  celebración de la audiencia de ley.

En cuanto a la solicitud de suspensión realizada por la promovente, fórmese el cuaderno incidental  respectivo con copia certificada de las constancias  necesarias que integran este expediente.

En otro orden de ideas, hágase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado a las  autoridades demandadas.

Finalmente, dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído.

Se habilitan los días que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído.

Se niega la suspensión solicitada por el Municipio de Puebla, Puebla.