Se pulverizó el movimiento de burócratas despedidos; 10 años sin justicia

PUEBLA, Pue., 09 Mayo 2016.- Juan Carlos Rodriguez y demás integrantes de la Unión de Burócratas, ofrecieron rueda de prensa para pedir al gobierno estatal se resuelva la situacion de los trabajadores despedidos. //Mary Cortez/Agencia Enfoque//

A más de 10 años de los despidos masivos en el gobierno estatal de Puebla durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, aún hay extrabajadores que siguen sin respuesta judicial, sin liquidación ni reinstalación.
Así lo informó en entrevista Antonio Manzano, líder de burócratas cesados, hoy jubilado forzoso, quien denuncia que el grupo que alguna vez encabezó ha sido dispersado, “pulverizado”, por desgaste, falta de justicia y hasta fallecimientos.
Entre 2011 y 2017, durante la administración morenovallista, se realizaron masivos recortes de personal en el gobierno del estado.
Como lo documentó Intolerancia Diario los primeros tres años, se documentaron más de 14 mil despidos administrativos en las 62 dependencias estatales, lo que representó un promedio de nueve a once despidos diarios, incluidos fines de semana

¿Cuántos compañeros lograron resolver su situación?
—Unos 40 aceptaron indemnizaciones parciales, no lo que marcaban los laudos. Otros 120 fueron reincorporados, pero no reinstalados. Solo los que estaban más cerca de la jubilación lograron resolver algo. Pero todavía hay unos 30 con juicios abiertos.
Según Manzano, los acuerdos alcanzados con algunos trabajadores fueron “mediamente justos”.
En la mayoría de los casos, el pago se limitó al 70 u 80 por ciento de lo que dictaban los laudos.
Además, muchos fueron víctimas de abogados que, en sus palabras, actuaron como “mercenarios”.
“Les cobraron el 20% sobre el laudo, no sobre lo que realmente recibieron. Hubo casos donde el juicio era por un millón, conciliaron por 600 mil, y aún así les cobraron 200 mil de honorarios. Luego impuestos, aportaciones, y al final quedaron con 300 mil o 400 mil pesos”.

En carne propia
El caso del propio Manzano es paradigmático. Trabajó 38 años en el gobierno estatal, pero fue despedido en 2013 y aunque ganó un laudo, en plena pandemia se le aplicó la prescripción del juicio y no recibió un solo peso.
“Me obligaron a jubilarme sin nada. Ni indemnización. Me echaron encima el Tribunal de Arbitraje, el Poder Judicial, hasta jueces federales. Ganaba una parte y me la quitaban. Fue una venganza por representar a los compañeros. Aún tengo fe en que se me haga justicia”, dijo.
Además del desgaste jurídico y emocional, el movimiento de extrabajadores despedidos sufrió una fractura interna.
Algunos resolvieron su situación y se alejaron del grupo. Otros abandonaron el proceso por cansancio o necesidad económica.
“También hubo decesos”, cuenta Manzano. “Cinco compañeros fallecieron esperando su juicio. Una de ellas tenía cáncer. Murió sin atención médica. Su familia sigue peleando la indemnización.”

¿Se desintegró el movimiento?
—Sí. Algunos se fueron agradecidos, otros se olvidaron. Yo también enfermé, tuve un infarto cerebral, pero aquí sigo. El grupo está desmembrado, pero seguimos intentando reactivar la lucha.

En lucha
Actualmente, Antonio Manzano representa a pensionados y jubilados estatales, otro sector golpeado, donde denuncia que al menos 100 personas reciben pensiones menores al salario mínimo, algunas de apenas 6 mil 500 pesos mensuales.
—Son compañeros que trabajaron 30 o 40 años. Pero el ISSSTEP no actualiza sus pensiones desde los 80. No alcanzan ni para lo básico. Estoy documentando los casos. Ya llevo 500 compañeros con pensiones rezagadas.
El pasado 7 de mayo entregó una carta al gobernador Sergio Salomón Céspedes, solicitando una audiencia. En ella expone no solo el rezago de los jubilados, sino también el conflicto sindical que dejó sin aumentos salariales a los pensionados entre 2018 y 2021.
“Hubo una disputa interna en el sindicato y eso afectó las revisiones salariales. Nos dejaron sin incremento dos años seguidos. Y otros dos por el conflicto. Perdimos todos”.

¿Qué esperan ahora?
—Que el gobernador nos escuche. No pedimos favores, sino justicia. Somos un grupo vulnerable, muchos con más de 70 años. Y aún hay quienes podrían ser reinstalados para alcanzar su jubilación. Que nos voltee a ver.
Hoy, con secuelas de salud y un grupo fragmentado, Manzano insiste en que la lucha no ha terminado. “Tengo fe. La justicia llega tarde, pero tiene que llegar”, finalizó optimista.