La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla aprobó la reforma al artículo 480 del Código Penal local para precisar los alcances del delito de ciberasedio y evitar interpretaciones erróneas que puedan poner en riesgo derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
Durante la sesión ordinaria, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, destacó que esta iniciativa responde a una demanda social creciente para delimitar con claridad lo que constituye acoso digital, sin criminalizar manifestaciones legítimas.
“Legislar es escuchar, dialogar y concertar. Para hacerlo de manera responsable debemos privilegiar los argumentos, el compromiso con la verdad y con las causas del pueblo. Alejarnos de cualquier interés personal o político y evitar confundir y desinformar a la ciudadanía”, expresó desde tribuna.
Agregó que la propuesta se trabajó de forma conjunta con expertos en derecho, académicos, representantes de la iniciativa privada, medios de comunicación y organizaciones sociales.
“Es un proyecto consensado, aunque no aceptado por unanimidad, que tiene por objeto dar claridad sobre la interpretación y alcances del ciberasedio”, puntualizó.
La reforma redefine el ciberasedio como la conducta reiterada o sistemática, a través de medios digitales, de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa que afecte la vida cotidiana, privacidad o integridad física o emocional de una persona.
Cambios clave:
Congreso de Puebla reforma el delito de ciberasedio; busca evitar ambigüedades legales
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla aprobó este miércoles la reforma al artículo 480 del Código Penal local para precisar los alcances del delito de ciberasedio y evitar interpretaciones erróneas que puedan poner en riesgo derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
Durante la sesión ordinaria, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, destacó que esta iniciativa responde a una demanda social creciente para delimitar con claridad lo que constituye acoso digital, sin criminalizar manifestaciones legítimas.
“Legislar es escuchar, dialogar y concertar. Para hacerlo de manera responsable debemos privilegiar los argumentos, el compromiso con la verdad y con las causas del pueblo. Alejarnos de cualquier interés personal o político y evitar confundir y desinformar a la ciudadanía”, expresó desde tribuna.
Agregó que la propuesta se trabajó de forma conjunta con expertos en derecho, académicos, representantes de la iniciativa privada, medios de comunicación y organizaciones sociales. “Es un proyecto consensado, aunque no aceptado por unanimidad, que tiene por objeto dar claridad sobre la interpretación y alcances del ciberasedio”, puntualizó.
La reforma redefine el ciberasedio como la conducta reiterada o sistemática, a través de medios digitales, de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa que afecte la vida cotidiana, privacidad o integridad física o emocional de una persona.
Cambios clave:
• Delito más preciso: Se eliminan términos vagos como “ofensa” o “agravio” y se establece que debe haber actos reiterados de hostigamiento, intimidación o perturbación a la privacidad para que exista el delito.
• Contexto, no censura: La autoridad deberá considerar el contexto de los hechos antes de iniciar una investigación penal.
• Petición de parte: El delito solo será perseguido a petición de la víctima, excepto cuando se trate de menores de edad, personas con discapacidad o en situación de subordinación.
• Penas ajustadas: Se modifica la sanción de 11 meses a 3 años de prisión, a un nuevo rango de 6 meses a 3 años, con agravantes en casos de víctimas vulnerables.
• Protección a la libertad de expresión: Se excluyen expresamente del delito las opiniones, críticas y expresiones dirigidas al interés público o que estén protegidas por la Constitución y tratados internacionales.
El decreto será publicado en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Con ello, el Congreso local busca evitar el uso discrecional o malintencionado de este tipo penal, al tiempo que garantiza protección efectiva ante situaciones reales de acoso digital.
