El Gobierno del Estado de Puebla se encuentra en la etapa de preparación de una estrategia jurídica para hacer frente a decenas de demandas derivadas de contratos firmados en administraciones anteriores, cuyos adeudos reclamados superan los 3 mil 500 millones de pesos y que, en muchos casos, corresponden a obras que no se ejecutaron o presentan irregularidades.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que actualmente se tienen plenamente identificados al menos 10 litigios de alto impacto económico, además de tres sentencias que ya se encuentran vigentes y que en conjunto representan cerca de mil 100 millones de pesos. Estas resoluciones judiciales fueron emitidas en distintos años: 2013, 2015 y 2023.
De acuerdo con el funcionario, los procesos legales están relacionados con contratos celebrados en diferentes periodos gubernamentales, algunos de ellos con hasta dos décadas de antigüedad. Todos estos casos serán revisados y atendidos por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que definirá la ruta legal a seguir en cada expediente.
La revisión ha permitido detectar una amplia diversidad de condiciones contractuales, conceptos reclamados y montos exigidos, lo que obliga a un análisis caso por caso. En particular, se han identificado reclamos que incluyen obras complementarias y conceptos fuera de catálogo, los cuales inflaron de manera significativa las cantidades demandadas al erario estatal.
En lo que respecta a las sentencias que ya obligan al Estado a realizar pagos, García Parra señaló que se lleva a cabo una evaluación jurídica y financiera para explorar mecanismos de conciliación y posibles acuerdos que permitan cumplir con las resoluciones judiciales conforme a la ley, sin comprometer la estabilidad financiera del gobierno.
Asimismo, se ha detectado que en varios de los procedimientos el tiempo transcurrido ha generado la prescripción de ciertas conductas, lo que abre la posibilidad de impugnar o acotar responsabilidades conforme a la normatividad vigente.
De manera paralela, la administración estatal continúa integrando expedientes para documentar la actuación tanto de empresas como de exservidores públicos que participaron en la validación de contratos y conceptos hoy en disputa. En este proceso, se han identificado vínculos entre diversas razones sociales que mantienen litigios similares contra el gobierno estatal.
Finalmente, el coordinador de Gabinete indicó que incluso en los casos donde existen resoluciones firmes, se analizan alternativas legales adicionales para atender las obligaciones derivadas de estos fallos dentro del marco jurídico aplicable, con el objetivo de proteger los intereses del Estado.
