El juez Enrique Romero Razo rechazó haber ordenado la liberación de Manuel Forcelledo Nader y aseguró que nunca intervino en la audiencia donde se revisó la medida cautelar del sentenciado por el caso de Karla López Albert.
Vía telefónica en entrevista exclusiva, el juzgador sostuvo que durante esos días se encontraba bajo licencia médica autorizada oficialmente por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Romero Razo explicó que desde hace tiempo padece una enfermedad autoinmune incurable y que periódicamente solicita permisos sin goce de sueldo para atenderse de manera privada.
Detalló que la licencia correspondiente a mayo fue solicitada desde el pasado 29 de abril para ausentarse los días 11, 12, 13 y 14.
“Yo no estaba en funciones. Tampoco soy pitonizo ni tengo facultades paranormales para saber que en 15 días iban a promover una audiencia de revisión de medida cautelar”, declaró.
La salida fake
La polémica surgió luego de que distintos medios de comunicación difundieran versiones sobre una supuesta orden para liberar a Manuel Forcelledo Nader, condenado por uno de los feminicidios más mediáticos registrados en Puebla.
—¿Cómo toma las acusaciones en su contra?
“Estoy absolutamente tranquilo porque nunca intervine en este asunto. Lo que sí hay es molestia porque algunos medios no verifican la información y solamente se van por el escándalo”, respondió.
“La narrativa oficial de que se dejó libre a esta persona es falsa”, afirmó.
Además, dejó entrever que podrían existir intereses detrás de la difusión del caso, aunque dijo desconocer cuáles serían.
“Solamente se dejan ir por el escándalo, por la nota amarillista. Con base en qué intereses o quién está detrás de eso, si habrá una mano negra y peluda, pues ya saldrá a la luz”, declaró.
Mas facultades y lo raro
El juez explicó que al solicitar licencia únicamente propuso que una secretaria de acuerdos quedara como encargada del despacho para resolver asuntos administrativos y de mero trámite.
Sin embargo, afirmó que el Consejo de la Judicatura decidió nombrarla con funciones plenas de jueza.
Según dijo, esa determinación permitió que la funcionaria pudiera desahogar audiencias y emitir resoluciones judiciales.
Romero Razo también dijo que le resultó extraño que el Consejo otorgara facultades tan amplias a la secretaria de acuerdos, considerando que únicamente se trataba de una ausencia de cuatro días.
“Lo normal era que quedara como encargada del despacho para asuntos de trámite, no para resolver cuestiones de fondo como una revisión de medida cautelar”, señaló.
—¿Quién resolvió entonces la audiencia?
“Fue la licenciada Angélica Rodríguez Zamora, quien quedó habilitada con funciones de jueza. Ella admitió la solicitud y ella emitió la resolución”, respondió.
Como simple encargada del despacho no hubiera podido desahogar audiencia alguna de revisión de medida cautelar, porque el código nacional de procedimientos penales claramente señala que será el Juez de control quien desahogue ese tipo de audiencias. “En su caso, el asunto debió remitirse a otro juez en el distrito judicial de Cholula”.
Sin embargo, Romero Razo sostuvo que la resolución emitida negó modificar la medida cautelar del sentenciado y aseguró que Manuel Forcelledo continúa recluido en el penal de San Miguel.
“La resolución existe y está en actuaciones. Se negó el cambio de medida cautelar. Manuel Forcelledo sigue en prisión”, afirmó.
Incluso señaló que la Fiscalía General del estado (FGE) estuvo presente durante la audiencia y tuvo conocimiento de la resolución judicial emitida.
El juzgador insistió en que nunca firmó documentos relacionados con esa audiencia y rechazó haber dado instrucciones a la funcionaria que quedó habilitada como jueza.
“Yo no fui a ponerle una pistola para decirle que hiciera algo. Son comentarios totalmente absurdos y sin sustento”, sostuvo.
Indagatoria
Tras la polémica, confirmó que el Consejo de la Judicatura realizó una visita extraordinaria al juzgado y que personal del Órgano Interno de Control aseguró computadoras y discos duros para revisar las actuaciones relacionadas con el caso.
El juez aseguró que todas esas diligencias corresponden a fechas en las que oficialmente se encontraba de licencia y sostuvo que actualmente no enfrenta responsabilidad jurídica derivada de este caso y reiteró que será el Consejo de la Judicatura quien determine si existió alguna irregularidad administrativa durante los días en que estuvo ausente.
