Después del enfrentamiento entre militares y presuntos huachicoleros en Palmarito, la noche del 3 de mayo del 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que los civiles asesinados no tenían vinculación con la venta de hidrocarburo robado.
En el enfrentamiento 10 personas perdieron la vida, de las cuales 6 eran civiles, 4 militares, 26 lesionados, de los cuales 14 son civiles, 12 militares, 13 personas detenidas, entre ellos 4 menores de edad, y una mujer ejecutada al ser confundida como vendedora de huachicol.
La doctora Mónica Roldán Reyes informó que las víctimas se dedicaban a la venta de cebolla y coliflor, por lo que tenían que levantarse en la madrugada para realizar las labores correspondientes a sus cultivos, por ello fue fácil confundirlos.
Explicó que, los hechos ocurridos se desprendieron de una llamada anónima hacia Pemex, organismo que notificó al Ejército para confrontar a los presuntos huachicoleros, sin haber realizado una investigación previa de quienes podrían ser los culpables.
Dicho lo anterior, solicitó a los medios de comunicación que se deje de catalogar a Palmarito Quecholac como lugar en donde existe la venta de hidrocarburo, ya que esto ha afectado a la población en la exportación de sus productos.
