La defensa de Javier López Zavala promovió una apelación contra la sentencia de 60 años de prisión que le fue impuesta por el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón, por lo que el caso deberá ser revisado por un tribunal colegiado.
La información fue confirmada por Helena Monzón, hermana de la víctima, quien dio a conocer en redes sociales que los abogados del expriista interpusieron el recurso legal para impugnar la resolución condenatoria emitida por autoridades judiciales en Puebla.
La sentencia fue dictada a finales de 2025, luego de que un tribunal declarara culpables a Javier López Zavala, exsecretario de Gobernación estatal y excandidato al gobierno de Puebla, así como a Jair N. y Silvestre N., señalados por participar en el asesinato ocurrido el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, López Zavala fue identificado como autor intelectual del feminicidio, mientras que los otros dos sentenciados participaron en la ejecución material del ataque armado.
Cecilia Monzón fue asesinada mientras conducía su vehículo en calles de San Pedro Cholula, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta le dispararon. El caso generó movilizaciones de colectivos feministas, protestas y exigencias de justicia dentro y fuera de Puebla.
Tras darse a conocer la apelación, Helena Monzón señaló en sus redes sociales que la familia dará seguimiento puntual al nuevo proceso judicial derivado del recurso presentado por la defensa del exfuncionario.
La condena de 60 años de prisión fue una de las penas más altas dictadas en Puebla por un caso de feminicidio y se emitió después de un proceso judicial que se prolongó durante más de tres años.
Además del juicio por feminicidio, Javier López Zavala enfrentó previamente una sentencia por violencia familiar en agravio de Cecilia Monzón, derivada de denuncias interpuestas antes del asesinato de la activista.
El caso también derivó en modificaciones legales conocidas como “Ley Monzón”, relacionadas con la suspensión de la patria potestad para personas acusadas o sentenciadas por feminicidio.
