La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, consiguió una suspensión provisional de la justicia federal para evitar, por ahora, una posible orden de aprehensión, en medio de la investigación que derivó en la detención de su secretario de Seguridad Pública, Antonio Hernández Pacheco.
La medida fue concedida dentro del juicio de amparo 914/2026, promovido por la alcaldesa ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Puebla. El recurso fue presentado el 14 de agosto, justamente el día en que fue detenido el entonces mando policiaco.
Con la suspensión provisional, cualquier eventual acto de privación de la libertad contra Ayala queda sujeto a la protección judicial mientras continúa el procedimiento. Sin embargo, la medida no significa que exista una orden de aprehensión en su contra ni determina responsabilidad alguna.
La protección tampoco es definitiva. El juzgado fijó para el próximo 28 de agosto la audiencia incidental, en la que se determinará si la suspensión continúa vigente, además de establecer una garantía de 30 mil pesos para que surta sus efectos.
El recurso de la alcaldesa se conoció después de que Hernández Pacheco fuera detenido y posteriormente procesado por delitos relacionados con abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.
El caso ha colocado al Ayuntamiento de Atlixco bajo presión, debido a que la captura del responsable de la seguridad municipal fue seguida por recursos legales promovidos por integrantes de la propia administración.
La promoción del amparo por parte de Ayala también generó cuestionamientos políticos. El PAN ha planteado que se investigue si la presidenta municipal tuvo alguna responsabilidad por las actuaciones atribuidas a su exsecretario de Seguridad y posteriormente pidió su separación temporal del cargo, junto con la de otros funcionarios que recurrieron a amparos.
Hasta ahora, no se ha informado oficialmente que la alcaldesa haya sido imputada por los delitos atribuidos a Hernández Pacheco. Su amparo constituye una acción preventiva ante una eventual orden de captura y no una resolución sobre su responsabilidad.
La situación mantiene en vilo a la administración municipal, pues mientras el proceso penal contra el exmando de Seguridad continúa, la alcaldesa deberá esperar la audiencia del viernes para conocer si la protección federal que obtuvo se mantiene.
El caso representa un nuevo capítulo de la crisis que enfrenta el gobierno de Atlixco, ahora con la presidenta municipal recurriendo a la justicia federal ante la posibilidad de que las investigaciones alcancen a otros integrantes de su administración.
