La Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó sanciones contra el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, por presuntas irregularidades relacionadas con la revisión de las cuentas públicas de su administración.
El panista confirmó que recibió una resolución no definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa, rechazó los señalamientos por supuesto abuso de funciones y anunció que impugnará la determinación.
Las sanciones que trascendieron contemplan una multa de 15 millones de pesos y una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos municipales contra Rivera Pérez. En el mismo procedimiento también se señala a Bernardo Arrubarrena García, exsecretario de Administración, con una multa de 10.5 millones de pesos y 10 años de inhabilitación.
De acuerdo con los reportes difundidos, la ASE notificó el pasado 3 de noviembre la conclusión de la investigación correspondiente a la cuenta pública 2022 y turnó el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, instancia que emitió las resoluciones correspondientes.
Las observaciones a la administración de Rivera Pérez también alcanzaron el ejercicio fiscal 2023, cuando se reportó un probable daño patrimonial de 261.2 millones de pesos y 58 observaciones, de las cuales 15 derivaron en pliegos.
Entre los principales señalamientos se encuentran 67 contratos de servicios profesionales, difusión en radio y televisión y producción de contenidos para internet, por un monto de 101.7 millones de pesos.
En la cuenta pública 2022 se emitieron nueve pliegos de observaciones por alrededor de 43 a 45 millones de pesos. Uno de los casos destacados corresponde a un contrato de 20 millones de pesos con Remedios Producciones y Asociados para el arrendamiento de arcos de bienvenida, equipos de audio y sanitarios portátiles, cuyos comprobantes no precisaban las fechas ni los lugares de los eventos.
También se señalaron posibles irregularidades en la venta de vehículos considerados chatarra y en contratos para el mantenimiento de fuentes.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, titulado “La verdad es la mejor defensa”, Rivera Pérez aseguró que su administración se condujo con apego a la legalidad y sostuvo que el supuesto abuso de funciones no fue acreditado.
“He recibido una resolución NO definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla”, expresó.
El panista afirmó que no existe ninguna acción que pueda atribuírsele personalmente y cuestionó que la determinación se conozca precisamente al inicio del proceso electoral de 2027, por lo que consideró que existen posibles implicaciones políticas.
Además, relacionó el procedimiento con actuaciones de la Contraloría Municipal registradas en mayo y sostuvo que existe un ataque sistemático en su contra.
Rivera Pérez anunció que recurrirá a las instancias correspondientes para impugnar la resolución y aseguró que enfrentará los señalamientos con pruebas.
“Defenderé mi nombre, mi honor y mis derechos hasta las últimas consecuencias”, concluyó.
