La presidenta del organismo, Judith Lozano Pérez, confirmó que la Auditoría Superior de la Federación solicitó documentación de 2020 y no descartó que la revisión pueda extenderse hasta 25 años.
Los contratos del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla comenzaron a ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ya solicitó documentación correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, aunque existe la posibilidad de que la fiscalización alcance hasta 25 años de contrataciones.
La presidenta del organismo electoral, Judith Lozano Pérez, confirmó que ya recibieron el requerimiento y que actualmente trabajan en la recopilación de los expedientes para entregarlos a la autoridad fiscalizadora.
“Ya tenemos una solicitud de información de la ASF; ya trabajamos en concentrar la información que nos han solicitado”, declaró.
La funcionaria precisó que, por ahora, el requerimiento se concentra exclusivamente en los contratos de 2020, por lo que una eventual revisión de ejercicios anteriores dependerá de nuevas solicitudes de la Auditoría.
Es decir, aunque se ha planteado la posibilidad de revisar hasta un cuarto de siglo de contrataciones, todavía no existe un requerimiento formal que abarque todo ese periodo.
Lozano Pérez explicó que cada expediente deberá analizarse cuidadosamente para garantizar que la información entregada corresponda a lo solicitado y permita atender las observaciones de la autoridad.
La revisión ocurre en medio de los cuestionamientos que han rodeado las contrataciones de organismos electorales, particularmente por los montos destinados a servicios y proveedores durante distintos ejercicios fiscales.
En el caso de Puebla, uno de los antecedentes que ha generado controversia es la contratación de Comercializadora JVLY, empresa que recibió contratos por 129 millones 700 mil 584 pesos durante 2024, cuando el instituto era encabezado por Blanca Yassahara Cruz García.
Sin embargo, el requerimiento actual de la ASF corresponde a 2020 y no implica, por sí mismo, que los contratos de 2024 formen parte de la revisión.
Por otra parte, la presidenta del IEE también se refirió a los señalamientos contra Guadalupe Taddei, titular del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionados con presuntos beneficios contractuales a su pareja, el contratista José Alfredo Hernández.
Al respecto, calificó como lamentable que las instituciones electorales enfrenten este tipo de cuestionamientos, pues consideró que pueden afectar la confianza de la ciudadanía.
“Es lamentable. Creo que las instituciones nos debemos fortalecer, unir y trabajar en pro de la ciudadanía para generar este vínculo”, expresó.
Lozano Pérez sostuvo que el instituto poblano deberá trabajar bajo los principios de imparcialidad y transparencia, especialmente ante la proximidad del proceso electoral de 2027.
En materia de seguridad, adelantó que solicitará la instalación de una mesa de trabajo para establecer estrategias de prevención y atención ante posibles agresiones contra candidatas y candidatos durante las próximas campañas.
La intención será abordar los riesgos que puedan enfrentar quienes participen en la contienda y establecer mecanismos de coordinación para proteger el desarrollo de las actividades electorales.
Finalmente, informó que el IEE mantiene 48 procedimientos ordinarios sancionadores en trámite, además de que se contempla la sustanciación de procedimientos especiales relacionados con distintos actores políticos.
No obstante, aclaró que no puede proporcionar detalles de los expedientes debido a que se encuentran en diferentes etapas de sustanciación.
Mientras tanto, el instituto deberá responder a la solicitud de la ASF sobre las contrataciones de 2020, sin descartar que posteriormente se requiera documentación de otros ejercicios fiscales.
