CitizenGO llevó 24 mil 500 apoyos ciudadanos al Legislativo poblano y pidió a diputados rechazar la armonización ordenada por la Suprema Corte.
La disputa por las infancias trans dejó los posicionamientos y llegó hasta las puertas del Congreso de Puebla. Este jueves, integrantes de CitizenGO acudieron al recinto legislativo para presionar a los diputados y pedirles que no avalen los cambios legales que derivan de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El grupo llegó con un paquete de 24 mil 500 firmas que, aseguró, representan la inconformidad de ciudadanos que rechazan la modificación a las leyes estatales en materia de reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes trans.
La entrega ocurrió frente al Congreso, en la zona de Los Fuertes de Loreto, donde la organización montó su postura en medio de un debate que ha dividido opiniones entre colectivos, activistas y sectores que se oponen a la reforma.
Elisa Bonilla, directora de campañas de CitizenGO, señaló que la organización mantiene una estrategia de diálogo con legisladores poblanos para exponer sus argumentos y buscar que la iniciativa no sea aprobada.
Afirmó que la resolución de la Suprema Corte representa una intromisión en las atribuciones del Congreso local, pues consideró que los diputados deben conservar la facultad de decidir sobre las leyes del estado.
“Lo que estamos defendiendo es que el Congreso pueda tomar sus propias decisiones”, sostuvo la representante de la organización, al señalar que continuarán buscando respaldo entre los legisladores.
Bonilla aseguró que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Marcos Castro, mantiene una postura en contra de la propuesta, mientras que el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Mauricio Céspedes Peregrina, continúa con el análisis del tema.
El conflicto tiene como punto de partida la determinación de la Suprema Corte, que ordenó a Puebla armonizar su legislación con los criterios constitucionales relacionados con la identidad de género y los derechos de las personas trans.
La resolución abrió una nueva confrontación en el ámbito político y social del estado. Por un lado, grupos que respaldan la reforma consideran que se trata de garantizar derechos reconocidos por la justicia federal; mientras que organizaciones como CitizenGO buscan que el Congreso poblano rechace los cambios.
Ahora la decisión está en manos de los diputados locales, quienes tendrán que definir la ruta legislativa ante un tema que ya generó movilizaciones y presión de distintos sectores.
