Con 447 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, fue desaforado el diputado de Puebla, Saúl Huerta Corona, acusado de violación de dos menores de edad.
Ahora el legislador ya puede ser detenido para iniciar un proceso penal por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Pasaron 111 días o cuatro meses de dilaciones, para ser desaforado por la Cámara de Diputados. Una de las abstenciones fue de la diputada de Veracruz, Paola Tenorio Adame.
En una larga sesión, en la que la Cámara de Diputados federal se conformó como jurado de procedencia, se aprobó quitarle el fuero al poblano, ante un posible hecho constitutivo de delito, lo que será determinado por un juez.
Durante las posturas, los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática, acusaron que hubo diversos artilugios para quitar el fuero al legislador.
Por su parte, el diputado Pablo Gómez Álvarez del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), enfatizó que probablemente cometió un delito y debe ser puesto a disposición de las autoridades.
“No hay otra salida más que decir que si o que no, no se tratan de consideraciones de orden político”, dijo al señalar que el fuero, no es para dar inmunidad a los funcionarios públicos de alto rango.
Afirmó que no se están aplicando viejas normas del procedimiento llamado inquisitivo, ya que hay una presunción de inocencia, pero se parte también que esta persona pudo haber cometido el delito que le achaca el MP.
Alfredo Porras Domínguez, representante del PT, expuso que la justicia debe ser pronta y expedita, sino es injusticia.
Acusó que los legisladores ahora están en el ojo del huracán por la actitud irresponsable de un miembro de la cámara y ellos aparecen como cómplices de las dilaciones.
Calificó de grave que hayan pasado más de 100 días, “la verdad es la verdad independientemente de que lado la quieras ver. Hay flagrancia hay hechos y utilización del fuero para no ser reconvenido (…) Debió haberse presentado ante la justicia”, sostuvo.
Asimismo, Verónica Juárez Piña, representante del PRD, enfatizó que pasaron 111 días en que la víctima ha clamado justicia, por lo que cuestionó la lentitud de la actuación de la Cámara para postergar el proceso, que se protegía a uno de sus compañeros.
“La mayorías no deben usar a la cámara de diputados, Saúl Huerta, debe ser desaforado aquí y ahora. No debió, ni debe ser jamás un dique para la administración de la justicia, mucho menos en estos casos donde a un adolescente se le ha agraviado””, sostuvo.
El representante del PAN, sostuvo que simplemente se le va a quitar el fuero para que sea juzgado ante una instancia judicial, la que determinará una acción penal.
Mariana Rodríguez Mier y Terán, representante del PRI, sostuvo que que el fuero no fue concebido para proteger conductas deleznables, por lo que el testimonio de la víctima es preponderante
Pruebas y defensa
Durante el juicio de procedencia en la Cámara de diputados, Laura Angelina Borbolla Moreno, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, detalló cada una de las pruebas en contra del legislador Saúl Huerta.
Entre las pruebas contra el diputado Saúl Huerta, hubo testigos, dictámenes periciales, de medicina forense, resultados positivos en saliva y material genético en prendas de la presunta victima.
Asimismo pruebas psicológicas que presentan síntomas mentales de violencia sexual, como sospecha, culpa, impotencia, decepción, desconfianza, asco, entre otras.
Además destaca el audio donde Saúl Huerta trata de persuadir para que no denunciara.
Detalló que un caso presuntamente se registró el 30 de julio de 2019, cuando mediante la ingesta de sustancias, violó a un menor de edad.
Posteriormente el 21 abril 2021, en un hotel de la capital del país, se registró otra presunta violación equiparada agravada.
“Aprovecho la relación de confianza, al ofrecerles acompañarlo a la Ciudad de México para conocer el recinto (de la Cámara de Diputados). Dos carpetas de investigación con datos legales, sólidos y científicos, que permiten establecer los hechos de delito de violación”, aseveró.
Juan José Salazar Hernández, abogado defensor calificó de ilegal el proceso, ya que el debate no es si incurrió o no en la comisión de un acto delictivo, sino sobre el proceso político jurídico.
“La soberanía tiene la obligación de aplicar los derechos fundamentales y no ha sucedido (…) un proceso de desaseado”, dijo al aseverar que no hubo presunción de inocencia, “el imputado tiene el derecho de ser tratado inocente”, afirmó al destacar que el caso se ha ventilado por todos lados, como en la redes sociales, que han originado un linchamiento, por medio de videos que forman parte de la declaración.
Y acusó de filtrar videos a la FGJCDMX a la prensa, lo que se hizo del conocimiento de la comisión, sin ningún resultado.
Lo más grave, dijo, que la elaboración del dictamen está desfasada, con un estudio de propuesta del FGJ en términos del sistema inquisitivo. “Así se desaseado fue aprobado”, sostuvo.
Pavel Arenas Andrade, también abogado defensor de Saúl Huerta, sin entrar a las acusaciones contra su defendido, afirmo que no hubo el debido proceso para su desafuero.
Dijo que se deben de proteger los derechos humanos de parte del Estado mexicano, al referir la reforma del 2011, por lo cual debe haber el debido proceso.
Explicó que todo lo que de ahí derive, por aberrantes que sean los delitos, se tiene que garantizar que todo el proceso fue conforma a la ley ordinaria y principios constitucionales
