Por José Antonio de la Vega Moreno
Amagar una, dos, tres veces en aumentar el costo del pasaje al servicio del transporte público, no es otra cosa que la medición del costo político que habrá de enfrentar a menos de dos meses de haber tomado las riendas del gobierno del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Este domingo se suspendió el encuentro con los medios de comunicación, a quienes la Secretaría de Movilidad y de Transporte daría a conocer los pormenores del incremento a la tarifa y los detalles del acuerdo -que se presume ha sido firmado- pero que aún se mide el impacto que tendrá en la sociedad y claro está, lo que habrá de aguantar el gobierno de la 4ta transformación.
Existen diversas aristas que deben visualizar las autoridades estatales, principalmente el Gobernador, Barbosa Huerta tras la decisión ya tomada.
Qué tanto daño hará en estos momentos a los bolsillos de los poblanos este aumento, cuando los recursos, el empleo y la situación social son complejos y difíciles en la entidad.
Hasta dónde ayudará este incremento al pasaje a reducir los robos y asaltos a los usuarios del transporte público.
Además, quién podría asegurar que el mejoramiento, la transformación y la dignificación de las unidades del tan criticado transporte público se dará de manera efectiva, cuando nos hemos pasado años escuchando esta promesa que se establece en acuerdos y convenios, pero que nunca, nunca se cumplen.
Hay voces que ya comienzan a lamentarse que se haga a un lado el beneficio de la mayoría de los poblanos, por salvaguardar la seguridad económica de unos cuantos que manejan este sector.
Se debe actuar de la mejor manera después del incremento que se presume de seis a 8 pesos con 50 centavos por parte del gobierno del estado en lo político y principalmente en lo social.
Además, cabe recordar que quien encabeza la Coordinadora del Transporte Público, Arturo Loyola, -lo deben saber todos- fue en los inmediatos pasados últimos ocho años, quien ayudó, colaboró y operó en todos los sentidos a beneficio del gobierno del ex gobernador, Rafael Moreno Valle.
El primer costo político está en puerta para el gobierno del Estado.
El trabajo de los operadores de crisis política, también.
