Lo que comenzó como un choque menor terminó en una recomendación por violaciones graves a derechos humanos contra policías municipales de Tecamachalco.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla acreditó que un ciudadano identificado como “V” fue detenido ilegalmente, golpeado dentro del C4 y retenido durante más de cinco horas por elementos municipales la noche del 27 de octubre de 2024.
Los hechos ocurrieron durante el gobierno del alcalde Mateo Hernández López.
De acuerdo con la investigación, V y otro hombre viajaban en una camioneta cuando rozaron una unidad repartidora de pan. Según el expediente, ambas partes ya habían acordado el pago de 700 pesos por los daños; sin embargo, minutos después llegaron patrullas municipales.
Los policías sometieron a ambos hombres, los esposaron y los subieron a una unidad oficial.
“Nos detuvieron, nos esposaron y nos subieron a la patrulla”, declaró uno de los testigos integrados en el expediente de la CDH.
La víctima aseguró que dentro del C4 fue colocada contra una pared mientras varios policías lo golpeaban.
“A mí me llevaron al C4 y ahí me golpearon en las piernas, abdomen y cara”, relató ante personal de la Comisión.
Según su declaración, mientras recibía golpes y “palazos” en las piernas, los uniformados lo insultaban y le ordenaban que se callara.
La recomendación señala que la víctima permaneció esposada incluso durante parte del procedimiento administrativo y que los policías nunca le informaron sus derechos ni permitieron comunicación inmediata con familiares o abogados.
Uno de los testimonios incluidos en el expediente refiere que al salir del inmueble todavía se escuchaban los reclamos del detenido.
“Se escuchaba que se quejaba y les decía que eran unos abusivos”, declaró otro de los involucrados.
La CDH Puebla documentó lesiones visibles en frente, labios y muñeca izquierda. El dictamen médico confirmó golpes y excoriaciones que tardarían menos de 15 días en sanar.
Además de la agresión física, la Comisión detectó inconsistencias en los reportes policiales. Mientras unos elementos aseguraron que atendían a personas ebrias alterando el orden, otros señalaron agresiones verbales como motivo de la detención.
La recomendación también exhibe irregularidades en el aseguramiento de la camioneta donde viajaba la víctima. El expediente establece que el vehículo fue enviado al corralón sin justificación legal y que posteriormente se exigieron 4 mil 500 pesos para liberarlo, sin entregar comprobante oficial.
La Comisión concluyó que policías y autoridades municipales vulneraron los derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal del afectado.
