La Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra disposiciones contenidas en las leyes de ingresos de 13 municipios de Puebla, al identificar posibles afectaciones a derechos de la población.
Los recursos fueron promovidos al considerar que algunos ayuntamientos establecieron tarifas por servicios administrativos que no se ajustan a criterios constitucionales, principalmente en lo relacionado con el acceso a información pública y la expedición de documentos.
Entre los cobros observados se encuentran pagos por búsqueda de archivos, copias simples y certificadas, así como por la reproducción digital de documentos. El organismo señaló que estos conceptos podrían representar cargas desproporcionadas para los ciudadanos.
La CNDH también advirtió que existen diferencias en los montos fijados por servicios similares entre distintos municipios, lo que podría derivar en un trato desigual.
Las acciones fueron admitidas por la SCJN, que será la instancia encargada de revisar el contenido de las normas impugnadas y determinar si se apegan al marco constitucional.
Los municipios incluidos en este proceso son San Martín Texmelucan, San Nicolás de los Ranchos, San Miguel Xoxtla, San Matías Tlalancaleca, Huejotzingo, Tepeaca, Amozoc, Cuautlancingo, Coronango, Juan C. Bonilla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Atlixco.
En caso de que el máximo tribunal resuelva invalidar las disposiciones señaladas, los ayuntamientos deberán realizar modificaciones a sus leyes de ingresos.
Este tipo de acciones forma parte de las facultades del organismo nacional para impugnar normas que considere contrarias a los derechos humanos establecidos en la Constitución.
