Colectivas feministas volvieron a poner sobre la mesa el caso de Cecilia Monzón, cuando representantes de una decena de organizaciones reclamaron que el proceso judicial por el feminicidio de la abogada sigue atorado por retrasos que, aseguran, solo benefician a los acusados y desgastan a la familia.
Desde la rueda de prensa realizada en Puebla capital, Yali Figueiras tomó la voz para leer el posicionamiento conjunto.
Señaló que los aplazamientos “agudizan el sufrimiento de la familia de Cecilia Monzón y erosionan la confianza en las instituciones”, además de abrir margen para que Javier López Zavala —ya sentenciado por violencia familiar y actualmente procesado por feminicidio— aproveche los vacíos legales y mediáticos del caso.
Las organizaciones exigieron a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial actuar “sin excusas” en la recta final del proceso.
Entre los puntos planteados solicitaron aplicar perspectiva de género, diligencia reforzada y sanciones para funcionarios que incurran en omisiones.
También pidieron mayor coordinación entre autoridades estatales y federales y transparencia en las audiencias.
El llamado a la fiscal del estado fue explícito: que asuma plenamente su responsabilidad institucional.
Al Poder Judicial, las colectivas le exigieron no tolerar más diferimientos y avanzar hacia una sentencia ejemplar.
Asimismo, solicitaron a los medios no difundir versiones no verificadas provenientes de la defensa, al considerar que solo revictimizan y buscan distraer la atención del proceso.
El juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón ha acumulado más de medio centenar de aplazamientos entre 2024 y 2025, derivados de recursos legales interpuestos por las partes procesadas. La semana pasada, un juez federal concedió una suspensión que frenó temporalmente la individualización de la pena, lo que provocó molestia entre colectivas y familiares.
Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula.
El caso derivó en la detención de Javier López Zavala —exfuncionario estatal y expareja de la activista— acusado como autor intelectual, junto a dos presuntos autores materiales que permanecen en prisión preventiva.
Las colectivas anticiparon que seguirán observando el desarrollo del proceso y anunciaron próximas acciones públicas para mantener el caso en la agenda hasta que el Tribunal emita la resolución definitiva. “No vamos a permitir que este expediente se archive por cansancio”, sostuvieron.
