Alejandro Macuil Tláhuetl, quien hasta este lunes fungía como comandante del Grupo de Investigación de Delitos de Desaparición Forzada en Puebla, fue detenido por presuntamente amenazar a una persona con el fin de evitar que denunciara actividades criminales relacionadas con Federico N., alias “El Patuleco”, un sujeto investigado por desaparición de al menos diez personas.
La captura ocurrió al interior de las propias oficinas de la Fiscalía Especializada, ubicadas en la colonia El Carmen de la capital poblana, en una acción que sacudió a la institución. El exfuncionario fue trasladado de inmediato a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, bajo custodia de la misma Fiscalía General del Estado (FGE).
El señalamiento que derivó en su aprehensión es grave: habría intentado intimidar a un testigo que pretendía revelar la supuesta protección que Macuil ofrecía desde su cargo a “El Patuleco”, detenido el pasado 10 de junio y señalado por delitos de alto impacto como narcomenudeo, desaparición forzada y operaciones ilegales en centros de “rehabilitación”.
La orden de aprehensión fue girada por un juez de control tras la denuncia del testigo, pieza clave en las investigaciones contra Federico N., cuyo historial criminal ha encendido las alertas por sus vínculos con desapariciones, fosas clandestinas y explotación de personas con adicciones en municipios como Coronango, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Puebla capital.
Impunidad desde dentro
El Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla había denunciado desde hace meses la actuación irregular de Macuil Tláhuetl, a quien responsabilizan de entorpecer las investigaciones en varias carpetas relacionadas con desapariciones. María Luisa Núñez Barojas, vocera del colectivo, señaló que el funcionario había sido mencionado por el propio Federico N. como un aliado dentro de la Fiscalía.
En reiteradas ocasiones, los familiares de víctimas acusaron que la unidad comandada por Macuil tardaba hasta año y medio en entregar reportes, obligando a los propios colectivos a realizar por su cuenta labores de rastreo, recolección de pruebas y documentación de casos.
La fundadora del colectivo recordó que en reuniones con la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, se expuso cómo el comandante obstaculizaba las investigaciones. A pesar de ello, permaneció en su cargo hasta esta semana, lo que alimentó la percepción de encubrimiento desde las altas esferas de la Fiscalía.
Vínculos criminales: fosas, amenazas y desapariciones
Las investigaciones contra Federico N., aprehendido el 10 de junio, han revelado un entramado criminal con tintes brutales. Durante un cateo realizado el 17 de junio en un inmueble en Coronango —presunto centro de rehabilitación clandestino— fue localizado un cráneo humano. El lugar permanece bajo investigación ante la posible existencia de más restos.
En el sitio también se descubrieron fosas vacías y fragmentos óseos, en una escena que apunta a ejecuciones y ocultamiento de cuerpos. Algunos de los desaparecidos serían trabajadores del transporte, posiblemente víctimas de redes dedicadas al robo de carga en carreteras.
Incluso se baraja la hipótesis de que varios cuerpos fueron arrojados a un río cercano, complicando su localización y recuperación. La Fiscalía ha reconocido que “El Patuleco” encabezaba una organización delictiva que, además del narcomenudeo, operaba bajo esquemas de trata, reclutamiento forzado y desaparición sistemática de personas.
Una institución bajo la lupa
La detención de Macuil Tláhuetl se da en un momento clave, luego de que la propia fiscal general reconociera públicamente la existencia de posibles infiltraciones del crimen organizado en áreas sensibles de la institución. Esta aprehensión es la primera acción concreta que apunta a limpiar estructuras internas comprometidas con la impunidad.
Sin embargo, el mensaje que queda es inquietante: un funcionario con la responsabilidad de buscar a los desaparecidos podría haber sido parte del engranaje que los hacía desaparecer.
La Fiscalía asegura que continuará las investigaciones tanto contra Federico N. como contra servidores públicos que hayan actuado para protegerlo. Mientras tanto, las familias esperan que esta captura sea el principio de una verdadera depuración institucional.
