El diputado local Elpidio Díaz Escobar fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los presuntos delitos de extorsión y abuso de autoridad, luego de un conflicto relacionado con el cobro de alrededor de 9.7 millones de pesos por supuestos trabajos realizados desde 2019 en un predio del Parque Industrial JINT, en Huejotzingo.
La denuncia fue presentada por la representación legal de la inmobiliaria Alberana, cuyo propietario fue identificado como José María Ignacio Alverde Arena.
De acuerdo con la acusación, el legislador reclama el pago por trabajos que habrían realizado transportistas y trabajadores afiliados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
El conflicto tiene su origen en un supuesto adeudo relacionado con una empresa identificada como Acabi o con contratos celebrados con Guillermo Corona, anterior propietario del terreno.
La empresa sostiene que actualmente no tendría responsabilidad sobre esa deuda y acusa que se han utilizado diferentes medidas de presión para exigirle el pago.
Entre los hechos señalados está el bloqueo de los accesos al parque industrial con camiones de volteo vinculados a CATEM.
Según la denuncia, esta acción impidió la entrada y salida normal de unidades de empresas que operan en el lugar y el retiro de los vehículos habría sido condicionado al pago reclamado.
Otro punto que forma parte de los señalamientos es el presunto uso de las instalaciones y de papelería oficial del Congreso de Puebla.
Elpidio Díaz habría citado a representantes de la empresa a su despacho dentro del Poder Legislativo para abordar el conflicto económico.
El propio diputado, quien preside la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso local, ha reconocido públicamente su participación en los bloqueos y el uso de membretes oficiales para intervenir en el asunto.
La controversia también apunta al posible uso de su posición como legislador dentro de una disputa de carácter económico.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece restricciones para que los diputados utilicen su condición de representantes populares en actividades mercantiles, industriales o profesionales.
La representación de la inmobiliaria sostiene que adquirió el predio mediante un litigio que no tiene relación con Díaz Escobar y considera irregular que ahora se le pretenda cobrar una deuda originada con anteriores propietarios.
Será la Fiscalía de Puebla la encargada de determinar si los hechos denunciados configuran algún delito y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.









