La detención de la reportera María Luisa Ruiz en el municipio de Santiago Miahuatlán provocó una rápida reacción de organizaciones de periodistas y del propio Gobierno del Estado, luego de que se denunciara un actuar arbitrario por parte de la policía municipal mientras la comunicadora realizaba una transmisión en vivo de un operativo policial.
Los hechos ocurridos en Santiago Miahuatlán reavivan el debate sobre el actuar de policías municipales frente al trabajo de la prensa y la necesidad de garantizar condiciones mínimas de respeto y seguridad para quienes ejercen el derecho a informar en Puebla.
Solidaridad gremial
La Red de Periodistas de Puebla condenó públicamente la detención, al señalar que la reportera fue empujada y agredida por elementos municipales bajo el argumento de que no portaba credencial de prensa.
Posteriormente, Ruiz fue remitida al Ministerio Público por el presunto delito de usurpación de funciones, aunque más tarde quedó en libertad.
La organización denunció un trato prepotente por parte de los agentes y solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla iniciar una queja de oficio.
En un pronunciamiento adicional, la Red pidió al gobierno municipal de Miahuatlán capacitar a sus cuerpos de seguridad en materia de derechos humanos y libertad de expresión, así como investigar y sancionar a los responsables de la agresión, al advertir que este tipo de hechos vulneran el ejercicio periodístico.
A estos señalamientos se sumó la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores de Puebla (ASPEC), que reprobó la actuación de la policía municipal y calificó los hechos como ilegales.
En su comunicado, la organización afirmó que la reportera fue detenida de manera arbitraria y despojada de su teléfono celular mientras documentaba una nota informativa en la región de Tehuacán.
ASPEC exigió al presidente municipal de Santiago Miahuatlán, Omar Toledo, esclarecer lo ocurrido y aplicar las sanciones correspondientes.
Asimismo, solicitó la intervención del secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, al considerar que se trata de una zona de alta peligrosidad para la labor informativa, además de pedir la participación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Posición oficial
Ante la presión pública, el Gobierno del Estado de Puebla emitió un posicionamiento oficial en el que manifestó su rechazo a cualquier forma de amenaza, hostigamiento o intimidación contra el trabajo periodístico, y expresó su respaldo a María Luisa Ruiz. Informó que la Dirección de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estatal da seguimiento al caso y mantiene comunicación con el Mecanismo Federal de Protección.
El gobierno estatal indicó que acompañará a la periodista en los procesos que fortalezcan sus derechos para el ejercicio informativo, en caso de que así lo decida, y recordó que puede presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
