En sesión extraordinaria, el Cabildo de San Andrés Cholula aprobó por unanimidad la implementación de la Ley 3 de 3 contra la Violencia de Género, enviando un mensaje firme de que en este gobierno no hay espacio para la normalización de la violencia.
La Comisión de Igualdad Sustantiva de Género presidida por la regidora Blanca Jiménez Castillo y la Comisión de Asuntos Metropolitanos y Agenda 2030 a cargo de la concejal, Ana Isabel Fernández Hernández propusieron la implementación de la Ley 3 de 3 contra la Violencia de Género. Todas y todos los integrantes del Cabildo votaron a favor.
En su intervención, Blanca Jiménez explicó que el dictamen que presentaron representa un paso firme para la construcción de un gobierno comprometido con la igualdad, legalidad, la ética pública y la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Dijo que la implementación de la Ley 3 de 3 contra la Violencia, se encuentra sustentada en el Artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Articulo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Precisó que esta reforma establece con claridad que ninguna persona con sentencia firme de violencia familiar, delitos sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias puede ocupar cargos públicos o representación.
“En ese sentido, quienes servimos a la ciudadanía, tenemos que ser un ejemplo de integridad, respeto y congruencia, no podemos construir igualdad ni hablar de protección a las mujeres, si permitimos que personas generadoras de violencia ocupen espacios de poder o toma de decisiones”, comentó.
Desde San Andrés Cholula, expresó, se está enviando un mensaje claro y firme, “en este gobierno no hay espacio para la normalización de la violencia”.
Al respecto, Ana Isabel Fernández aclaró que esta medida no es de carácter excluyente ni señalamiento personal por el contrario se trata de una estándar general aplicable para todos los servidores públicos.
El objetivo, señaló, es claro, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y elevar los estándares éticos del servidor público, sin distinción e interpretaciones políticas.
“Hoy damos un paso institucional importante reafirmando el compromiso con un gobierno más integro, transparente y responsable, para todas y todos los servidores públicos”, finalizó.
