Cinco jueces, tres municipales y dos de primera instancia, se encuentran entre los más de 25 funcionarios del Poder Judicial sancionados durante el último año, periodo en el que el Consejo de la Judicatura de Puebla recibió más de 800 quejas.
Pedro Antonio Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura, detalló que las sanciones también han alcanzado a auxiliares, diligenciarios, notificadores y otros servidores públicos.
En entrevista en Ciudad Judicial, durante la puesta en marcha de 12 nuevos vehículos del Poder Judicial, explicó que la Ley Orgánica contempla la suspensión y la inhabilitación como sanciones. Actualmente, cinco funcionarios se encuentran inhabilitados por un año, aunque pueden recurrir las resoluciones mediante los mecanismos legales correspondientes.
Martínez Hernández explicó que las quejas llegan al Consejo por diferentes vías y también son recabadas a partir de los recorridos que realizan por los juzgados del estado, donde mantienen contacto con ciudadanos y abogados litigantes.
Sanciones
En otro procedimiento, confirmó que dos secretarios del Juzgado Segundo de Cholula permanecen suspendidos temporalmente por el caso relacionado con Karla López Albert.
Se trata del secretario penal y la secretaria civil, quienes fueron separados de sus funciones como medida cautelar mientras se llega a una resolución. Ambos han recurrido a los medios de defensa establecidos en la ley.
Las declaraciones se dieron durante la puesta en marcha de 15 vehículos modelo 2026 adquiridos por el Poder Judicial de Puebla con una inversión de 5.8 millones de pesos.
Son 12 sedanes y tres camionetas tipo SUV destinadas a fortalecer las áreas operativas y administrativas. La compra corresponde a la licitación pública nacional L-ADQ-005-2026, publicada en mayo de 2026 por el Consejo de la Judicatura y cuyo fallo fue emitido el 8 de junio.
SECOFAM
Las revisiones también pusieron la lupa sobre el Sistema de Convivencia Familiar (SECOFAM), donde se han realizado más de 13 movimientos de personal ante las irregularidades detectadas.
El presidente del Consejo habló incluso de una “depuración y una limpia” entre directores, jefes de departamento, psicólogos, trabajadores sociales y médicos.
Uno de los casos detectados involucra a psicólogos señalados por presuntamente cobrar para favorecer dictámenes relacionados con las convivencias familiares.
“Tuvimos que separar de manera inmediata a los psicólogos que fueron señalados por cobrar y favorecer en dictámenes para las listas de convivencias”, declaró.
Martínez Hernández aseguró que dentro de los procedimientos abiertos tienen identificadas transferencias realizadas directamente a cuentas personales de trabajadores señalados.
“Tenemos identificadas las transferencias que a sus números de cuenta personal… es más, a la nómina en la que les pagábamos, a ese número les depositaban”, afirmó.
Sin embargo, evitó precisar las cantidades que presuntamente recibían, pues señaló que hacerlo podría vulnerar el debido proceso de los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas.
A estas irregularidades se suma el rezago encontrado en el SECOFAM. Durante una revisión, el Consejo detectó más de 600 dictámenes pendientes de firma, situación que también llevó a separar a algunos funcionarios.
Respecto a la reciente manifestación de trabajadores del organismo, Martínez Hernández negó que se les hubiera obligado a renunciar o que fueran retenidos dentro de las instalaciones. Indicó que se instaló una mesa de diálogo y que algunos empleados comentaron que alguien les había dicho que si se manifestaban “a lo mejor les iban a subir el sueldo”.
