En un acto de protesta por lo que consideran un intento de despojo del recurso hídrico de su comunidad, habitantes de San Miguel Xoxtla bloquearon la autopista México-Puebla, expresando su inconformidad ante el proyecto del gobierno estatal que busca destinar el 50 por ciento del agua de su pozo al abastecimiento de la capital poblana.
Un grupo de vecinos se dirigió al pozo número 4, donde según los acuerdos entre SOAPAP (Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla) y el ayuntamiento de Xoxtla, se pretende construir una nueva infraestructura de extracción. Sin embargo, se encontraron con la zona fuertemente resguardada por elementos policiacos, lo que impidió su acceso y avivó el enojo de los pobladores, quienes decidieron cerrar la importante vía de comunicación como medida de presión.
Durante la tarde, en una asamblea comunitaria, los habitantes rechazaron los acuerdos establecidos entre el ayuntamiento y el SOAPAP. Denunciaron que no fueron consultados adecuadamente y que no están dispuestos a ceder la mitad del agua extraída, especialmente ante la escasez que ya enfrentan en la región.
En el documento de acuerdos entre la pasada administración municipal y SOAPAP—del que esta redacción obtuvo copia— se establecen una serie de cláusulas en las que el gobierno se compromete a garantizar el abasto de agua potable para San Miguel Xoxtla antes de destinar recursos hídricos a otras zonas, incluyendo la ciudad de Puebla.
El documento detalla además que SOAPAP se compromete a construir un pozo exclusivo para Xoxtla, debidamente equipado y con válvulas de control supervisadas por representantes comunitarios.
También se estipula que, si se comprueba una disminución en los mantos acuíferos, el organismo operador deberá suspender la extracción.
Asimismo, se contemplan mejoras en el drenaje y una planta tratadora de aguas negras en beneficio de los municipios de Xoxtla, San Pedro Tlaltenango y Coronango.
Una de las cláusulas finales reconoce expresamente que el proyecto de extracción de agua debe respetar la ley federal de aguas nacionales y que la red de conducción no puede interferir con propiedades particulares.
Pese a ello, los manifestantes denuncian que las condiciones actuales no están siendo respetadas, y que la distribución del agua beneficiaría desproporcionadamente a Puebla capital, en detrimento de su comunidad.
Hasta el cierre de esta edición, la autopista permanecía cerrada, en tanto que los pobladores exigían la presencia de funcionarios estatales y federales para renegociar los términos del convenio. La tensión en la zona continúa.
