Guadalupe Daniel Hernández fue sancionada por desvío de recursos públicos y enfrenta una multa reportada de 7.6 millones de pesos, en medio de sus aspiraciones políticas rumbo a 2027.
El regreso político de María Guadalupe Daniel Hernández podría terminar antes de comenzar. La expresidenta municipal de Cuautlancingo fue sancionada con diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla la encontrara responsable de una falta administrativa grave por desvío de recursos públicos.
A la inhabilitación se suma una sanción económica reportada por 7.6 millones de pesos, en un momento en que la exalcaldesa buscaba recuperar espacios dentro de Morena y posicionarse rumbo a las elecciones municipales de 2027.
La resolución corresponde al expediente 85/2024-PRA-SERA-2, emitido por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, que determinó su responsabilidad por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones al frente del Ayuntamiento de Cuautlancingo.
El resolutivo segundo establece que Daniel Hernández no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante una década, aunque será necesario conocer si la sentencia ya quedó firme o todavía puede ser impugnada.
El golpe llega en medio de sus movimientos para regresar a la vida política municipal. Apenas en días recientes había manifestado su intención de participar en el proceso interno de Morena para obtener la Coordinación Municipal, una posición desde la cual pretendía fortalecer su presencia rumbo a 2027.
Pero Guadalupe Daniel no sería la única carta de su grupo.
En el mismo proceso también se inscribió Alberto Vázquez, identificado como yerno de la exalcaldesa y pareja sentimental de la regidora Ana Laura Papaqui Hernández.
Versiones políticas locales señalan que ambos contarían con el respaldo de Daniel Hernández, en una estrategia para mantener presencia dentro de Morena y participar en la disputa por el próximo gobierno municipal.
En este escenario también aparecen Ana Laura Papaqui y la regidora de Movimiento Ciudadano, Evelyn Camela, quienes han mantenido una postura crítica contra la administración del presidente municipal Omar Muñoz.
Las diferencias dentro del Cabildo han quedado expuestas mediante cuestionamientos al gobierno municipal, en un ambiente donde las aspiraciones políticas comienzan a tomar forma de cara a la siguiente elección.
Sin embargo, la resolución contra Guadalupe Daniel Hernández cambia las condiciones para su grupo, pues ya no se trata únicamente de diferencias políticas o disputas por candidaturas, sino de una sanción por una falta administrativa grave relacionada con recursos públicos.
La inhabilitación tampoco significa, por sí misma, la pérdida automática de todos sus derechos políticos, aunque sí representa un impedimento para ejercer cargos públicos en los términos de la resolución.
Así, mientras Morena comienza a perfilar a sus posibles protagonistas en Cuautlancingo, una de las figuras que buscaba regresar al escenario electoral enfrenta una sanción de diez años.
El desvío de recursos públicos por el que fue responsabilizada judicialmente se convierte ahora en el principal obstáculo para sus aspiraciones, mientras queda por definirse si su grupo político buscará mantener el proyecto mediante otros perfiles.
