La disputa por la administración de recursos públicos mantiene enfrentados al Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez y los habitantes de la junta auxiliar de Santa María La Alta, un conflicto que este jueves cumplió cuatro días sin una solución y que ya requirió la intervención del Gobierno del Estado para intentar destrabar las negociaciones.
El origen del conflicto se encuentra en la exigencia de la comunidad para recibir de manera directa el presupuesto que, aseguran, les corresponde conforme a una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
Dicho fallo ordena que el Ayuntamiento transfiera a la junta auxiliar el 13.87 por ciento de los recursos globales que recibe el municipio, al reconocer su derecho a administrar directamente esos fondos para obras y acciones en beneficio de la población.
Sin embargo, la administración encabezada por Martín Camargo de la Peña sostiene que la entrega del presupuesto no puede realizarse de forma inmediata debido a procedimientos administrativos y financieros que deben cumplirse para evitar responsabilidades legales y posibles observaciones por un presunto daño patrimonial.
La tensión aumentó luego de que el propio Ayuntamiento reconoció, mediante un comunicado, que para calcular las participaciones destinadas a Santa María La Alta tomó como referencia un padrón de apenas mil 22 habitantes, cuando el Censo de Población y Vivienda del Inegi reporta que en esa junta auxiliar viven 7 mil 812 personas.
Para los representantes comunitarios, esa diferencia de casi siete mil habitantes provocó una reducción considerable en el monto de los recursos que deberían recibir, por lo que consideran que la decisión del Cabildo afectó deliberadamente a una comunidad indígena y vulneró sus derechos presupuestales.
Los inconformes sostienen que el cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral no puede condicionarse a nuevos trámites administrativos, ya que la sentencia otorga certeza jurídica sobre el derecho de la comunidad a ejercer directamente esos recursos.
Durante los últimos cuatro días, la inconformidad derivó en movilizaciones y bloqueos carreteros para exigir una respuesta de las autoridades municipales. Aunque las protestas fueron suspendidas temporalmente para privilegiar el diálogo, las reuniones celebradas entre ambas partes concluyeron sin acuerdos.
Ante el estancamiento de las negociaciones, representantes de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla determinaron cerrar las mesas de trabajo instaladas en Tlacotepec y convocar a una nueva ronda de diálogo en la ciudad de Puebla, con la intención de construir una salida al conflicto.
No obstante, el Comité Comunitario de Santa María La Alta solicitó un plazo de tres días hábiles para analizar el último proyecto de acuerdo presentado por las autoridades. Los representantes señalaron que cualquier decisión será consultada previamente en asamblea con los habitantes y sus asesores jurídicos, por lo que descartaron aceptar una propuesta sin el consenso de la comunidad.
Mientras tanto, el Ayuntamiento responsabilizó al Comité Comunitario del rompimiento de las negociaciones y sostuvo que su postura ha impedido avanzar hacia un acuerdo. Del otro lado, los habitantes insisten en que no levantarán definitivamente su movimiento hasta que se garantice la entrega íntegra de los recursos que consideran les corresponden por mandato judicial.
El caso de Santa María La Alta se ha convertido en uno de los principales retos de gobernabilidad para Tlacotepec de Benito Juárez, en espera de que la mediación estatal permita alcanzar un acuerdo que ponga fin a la disputa presupuestal.
