En medio de un clima de tensión y acusaciones de extorsión, el Cabildo de San Pedro Cholula logró concretar el pago de laudos laborales que mantenían presión sobre las finanzas municipales.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, regidoras y regidores exigieron al síndico municipal, Iván Minutti, no obstaculizar el proceso ni afectar el Presupuesto de Egresos 2025 con su falta de compromiso.
La presidenta municipal encabezó el exhorto para que el síndico transparente el manejo de los expedientes laborales que se encuentran bajo su responsabilidad. Los integrantes del Cabildo cuestionaron directamente a Minutti por la omisión en diversos casos, lo que –advirtieron– ha generado un daño a las arcas municipales por la acumulación de intereses y costos de ejecución.
Aunque el síndico intentó justificar su actuación, las y los regidores le exigieron evitar contradicciones y no asumir una postura de victimización ante los señalamientos.
El llamado fue claro: rendir cuentas de manera puntual y garantizar que no existan prácticas que puedan considerarse actos de corrupción.
El tema tomó relevancia luego de que a inicios de este año, una ciudadana identificada como Laura “N” ingresó un oficio a la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado, dirigido al gobernador Alejandro Armenta, en el que solicitó el cumplimiento de un laudo perdido por el Ayuntamiento en 2015. En dicho documento, la afectada señaló que el síndico le habría solicitado 200 mil pesos para agilizar el pago.
No es la primera vez que Iván Minutti enfrenta señalamientos públicos. Vecinos de diferentes fraccionamientos lo han acusado en otras ocasiones de hostigamiento y de incurrir en actos parciales en su función como representante legal del Ayuntamiento.
Con la aprobación del pago de los laudos, el Cabildo busca evitar mayores repercusiones financieras y garantizar certeza jurídica tanto para los trabajadores que ganaron los juicios como para las finanzas del municipio.
Sin embargo, las y los regidores advirtieron que darán seguimiento puntual a cada expediente para evitar que los recursos públicos se vean comprometidos por presuntas irregularidades.
