La justicia en Puebla se enfrenta a un momento crucial este lunes 26 de mayo, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento con Competencia Estatal celebrará la audiencia final en el juicio por violencia familiar contra Javier N., expareja de Cecilia Monzón, quien denunció este delito antes de ser asesinada en mayo de 2022.
Después de un proceso largo y marcado por intentos de retraso por parte de la defensa, las partes acusadoras —la Fiscalía General del Estado de Puebla y la asesoría legal de la familia Monzón— presentarán sus alegatos orales y solicitarán la pena máxima de 20 años de prisión, conforme al Código Penal vigente al momento de los hechos. La sentencia se espera al día siguiente, el 27 de mayo.
En un comunicado difundido, la familia Monzón detalló que el juicio ha superado diversos obstáculos legales promovidos por el acusado, y recordó que esta denuncia fue la última acción legal que Cecilia pudo interponer en vida.
Señalaron que esperan que la justicia ordinaria de Puebla actúe con perspectiva de género, libre de revictimización institucional y con estricto apego al Estado de derecho.
Helena Monzón, hermana de la víctima, compartió un mensaje contundente en sus redes sociales, “Ceci denunció violencia familiar. Una denuncia que Fiscalía no atendió como debía, hasta que fue demasiado tarde”.
“Este lunes, Fiscalía puede empezar a cambiar la historia de la justicia para las MUJERES en PUE. Que así sea”, continuó su posteo.
El proceso se desarrolla por separado del juicio por feminicidio, aún pendiente, en el que están implicados Javier N—exdiputado, excandidato a gobernador de Puebla y expareja de Cecilia— como presunto autor intelectual, así como Silvestre N. y Jair N., acusados de ejecutar el crimen.
La familia Monzón ha solicitado que primero se resuelva el juicio por violencia familiar, como una forma de honrar la lucha legal que Cecilia inició y que el sistema no protegió a tiempo.
Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula. Su muerte provocó indignación a nivel nacional e internacional y abrió la puerta a reformas legales, como la Ley Monzón, que suspende la patria potestad a padres sujetos a proceso o sentencia por feminicidio.
Aún así, su familia insiste en que ninguna ley puede sustituir el derecho a la verdad y la justicia. La decisión del tribunal este lunes podría marcar el inicio de ese camino.
