Tres décadas al servicio de la impartición de justicia se dicen fácil, pero no lo son.
Es confrontar día a día los intereses políticos y económicos con el respeto irrestricto a la ley.
Es dejar de servir a los poderosos económica o políticamente para aplicar con rigor el Derecho.
Durante el morenovallismo se quebrantó el régimen constitucional en el estado de Puebla, ya que el titular del Ejecutivo, de facto, mandaba en los demás poderes.
Quien esto escribe enfrentó a ese régimen autoritario hasta vencerlo ante el Poder Judicial de la Federación.
Hoy por hoy, la persecución política se ha desatado de nueva cuenta en contra de los jueces y, lo peor, es que ahora ocurre bajo un régimen de la 4T.
Y todo ello por desobedecer instrucciones de los administradores que dependen directamente del Consejo de la Judicatura local, ya que las instrucciones dadas contravenían abiertamente el marco jurídico aplicable al efecto.
Como muestras de esas presiones se encuentran los expedientes números 10/2024 y 132/2026 del Juzgado Segundo Civil y Penal de Cholula.
En el primero, se pretendía entregar un inmueble a la parte actora, alegando que estaba desocupado; sin embargo, al verificarlo, resultó que el demandado seguía ocupándolo.
El otro asunto fue peor.
Compareció al juzgado un sedicente empresario, quien refirió que ya había hablado con “el señor” Pedro Antonio para que se liberaran las cuentas de una empresa que habían sido aseguradas por el juez sexto especializado en materia mercantil.
Obviamente, se le dijo a esa persona que eso no podía hacerse legalmente.
Y el Consejo de la Judicatura utiliza los cambios de adscripción como garrote político en contra de los jueces incómodos.
La denostación mediática es otro instrumento de ataque utilizado en contra de quienes osan disentir.
Como juzgador, no se pide impunidad ni gozar de una patente de corso por ser simpatizantes del movimiento transformador de nuestro país, sino que únicamente se exige respeto a la ley y a los derechos humanos, entre los cuales destacan la presunción de inocencia y el debido proceso.
El actuar de Pedro Antonio Martínez Hernández es autoritario.
Se comprende su juventud e inexperiencia.
Pero la aplicación de la ley no puede estar sujeta a filias o fobias.
Combatiremos cualquier acto autoritario desde el marco de la ley, ya que el Poder Judicial no se limita a una imposición pasajera de quien vaya a ser su titular, sino que nos pertenece a todas y todos los poblanos, como garante de la legalidad y la imparcialidad, y no del uso abusivo de la fuerza del Estado.
