La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla asumió la revisión de un caso que involucra al Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), luego de que padres de familia presentaran señalamientos contra profesores del nivel bachillerato por presuntas conductas inapropiadas hacia alumnas.
Las quejas comenzaron a circular entre tutores después de que se detectaran comportamientos que, a su consideración, rebasaban los límites de la relación docente–estudiante.
A partir de ello, más familias decidieron hacer públicas sus preocupaciones y cuestionaron la actuación de las autoridades del plantel, al considerar que no hubo una respuesta oportuna.
El tema escaló al interior de la institución cuando estudiantes del bachillerato realizaron protestas para exigir medidas claras.
Las manifestaciones se centraron en la exigencia de separar a los profesores señalados, así como en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para las alumnas dentro del centro educativo.
Padres de familia sostienen que las inconformidades no fueron atendidas de manera formal en una primera etapa y que, en casos anteriores, las soluciones se limitaron a decisiones internas sin investigaciones profundas.
Esa percepción, afirman, los llevó a acudir directamente a la SEP para solicitar su intervención.
Ante la presión de la comunidad escolar, la dependencia estatal confirmó la apertura de un procedimiento administrativo para analizar las denuncias y revisar el actuar tanto del personal docente involucrado como de las autoridades del plantel.
La SEP precisó que el caso se encuentra en etapa de revisión y que se actuará conforme a los protocolos establecidos.
El episodio generó inquietud entre estudiantes, padres y docentes, al poner en evidencia las debilidades de los mecanismos internos de atención de quejas en instituciones educativas. También abrió un nuevo debate sobre la importancia de prevenir y atender de forma inmediata cualquier señalamiento que involucre a menores de edad.
Hasta el momento, la autoridad educativa no ha informado sobre sanciones o resoluciones definitivas.
Mientras el proceso continúa, padres y alumnos insisten en que el caso no debe cerrarse sin claridad ni consecuencias, al tratarse de un tema que impacta directamente en la confianza y seguridad de la comunidad escolar.
