¿Servirá dar autonomía al Mecanismo de Protección?

En 2011, cuando colegas y activistas dialogábamos con autoridades del Gobierno del entonces Distrito Federal y de la Comisión de Derechos Humanos local, sobre cuál debía ser el mejor modelo de protección, siempre hubo opiniones que decían que el mecanismo que se creara no estuviese supeditado al poder público.

Eran discusiones serias, intensas, por momentos álgidas, muy necesarias y que mostraron que la ruta necesaria en aquel momento era que la protección era una obligación del Estado y eran las instancias de gobierno las que tenían que brindar las medidas cautelares que periodistas y activistas requirieran para garantizar su seguridad física y patrimonial (en ese entonces no nos hicieron mucho caso a quienes decíamos que debían garantizar también la seguridad emocional de las personas).

Esta semana, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dijo que tiene proyecto de “ciudadanizar” la protección.

Palabras más, palabras menos, la propuesta que lleva por delante la diputada Gabriela Sodi, es crear un organismo autónomo que sustituya al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.



Lo que busca el PRD es crear un Sistema Nacional de Protección, algo así como un INE o una Cofetel o un INAI encargado de la protección. Que sea un órgano integrado por ciudadanas y ciudadanos que resuelvan la inoperancia del gobierno.

La idea no es que sea mala, la cosa es que necesitamos entender el modelo, porque no se trata sólo de “ciudadanizar” la protección o de querer sustituir la Guardia Nacional por empresas de seguridad privada.

¿Por qué hace once años la propuesta era crear un órgano gubernamental dependiente de la Secretaría de Gobernación? Porque esta dependencia encabeza el gabinete de seguridad y aplica políticas públicas en materia de derechos humanos.

En este mecanismo de protección tenían que estar las ex procuradurías (hoy fiscalías) y las secretarías de seguridad, porque son las que tienen elementos policiales y ministeriales para brindar protección cautelar e investigar las agresiones.

¿Cómo participábamos desde la sociedad civil? A través de la representación de las comisiones de derechos humanos y los consejos consultivos para vigilar que las entidades públicas cumplieran su obligación.

El modelo quedó rebasado, nunca terminó de definirse por falta de interés y voluntad política de los gobiernos tanto del PRI, como del PAN y Morena a nivel federal y del propio PRD en la CDMX y otras entidades.

¿Servirá crear un organismo autónomo (de esos que no le gustan al actual gobierno)?

¿Tendrá un organismo autónomo la personalidad jurídica para ordenarle a las fuerzas de seguridad que investiguen o den protección a periodistas y activistas? Esa facultad no la tiene ningún organismo de esta naturaleza.

Me parece que, como suele suceder, la clase política vive de ocurrencias y no se acerca a quienes les pueden ayudar.