Sobre la posible Ley al Periodismo, Armenta asegura que las iniciativas en Puebla deben respetar los derechos constitucionales

El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, señaló a que todas las iniciativas presentadas en el Congreso estatal deberán respetar lo dispuesto en la Constitución, agregó que los diputados revisarán los lineamientos y, en caso de ser necesario, harán las observaciones correspondientes para asegurarse de que no se violen las leyes, esto tras la iniciativa en relación con el ejercicio del periodismo en Puebla.

Armenta Mier destacó que “el artículo sexto constitucional establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en los casos en los que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o provoque algún delito que perturbe el orden público”.

De acuerdo con el mandatario, el derecho de réplica debe ejercerse conforme a los términos que estipula la ley, y subrayó que el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado.

Asimismo, Armenta Mier reiteró que el trabajo de los legisladores y su derecho a presentar iniciativas, comentando que el artículo séptimo de la Constitución establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. “Es parte de la función de los legisladores. ¿Cómo puedo decirle a un legislador que no legisle si su función es justamente esa?”, indicó.

El pasado 13 de febrero, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, presentó una propuesta para crear la Ley que Establece los Derechos para el Libre Ejercicio del Periodismo en el Estado de Puebla.
La propuesta busca regular la difusión de información entre los gobiernos y los medios de comunicación, garantizar la protección de periodistas en riesgo y asegurar la atención de la Fiscalía General del Estado en los casos relacionados. Además, establece la obligación de no silenciar la labor informativa de los periodistas por parte de las autoridades o servidores públicos, y subraya que no podrán ser objeto de procesos judiciales o administrativos sin que se respete el derecho de réplica.