Abogados manifestantes contra la desaparición de la Junta Especial No. 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Puebla, temen acuda Guardia Nacional y tome los más de 10 mil expedientes que la Junta alberga para trasladarlos a los estados de Oaxaca y Tlaxcala.
En rueda de prensa, apoyados por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) advirtieron más cierres de vialidades hasta que sea atendida la inconformidad, a una semana de realizar un plantón.
Hace algunos días hicieron bloqueo sobre la Avenida 31 Poniente y 29 Sur, con pancartas , lonas y el recabo de firmas.
Ahora con la presencia del líder de la CTM), Leobardo Soto Martínez; quien manifestó tener al menos mil casos pendientes por parte de sus agremiados.
“Tenemos el temor fundado que pueda llegar la Guardia Nacional, pueda abrir las instalaciones de la junta, extraer todos los expedientes que se encuentran”, dijo María Concepción Rodríguez, una de las abogadas inconformes.
A casi una semana de que se haya emitido el decreto que informó el cierre y suspensión de las instalaciones, los abogados que ahí laboraban intensifican el cierre y exigen el apoyo de las autoridades federales tras haber sido negado el apoyo por parte del estado, al no ser de su competencia.
“Solicitamos el apoyo del gobierno del estado, para que se resguarden los expedientes que se tramitan en la junta, hasta en tanto tengamos un pronunciamiento judicial, pero nos fue informado que no se cuenta con la competencia”, mencionó la abogada Abigail Luna.
Frente a la situación, los abogados laboristas se encuentran realizando la presentación de amparos ante los juzgados federales, además de emitir escritos de solicitud de atención ante la Presidencia de la República, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH.
Desde el año 2019, al introducirse un nuevo modelo de justicia laboral, que contempla el cierre gradual de las juntas de conciliación y arbitraje, distintos abogados han manifestado que no se ha respetado correctamente los tiempos acordados en el decreto; puesto que los cierres han sido abruptos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Las manifestaciones también han perjudicado a distintas personas cuyo caso estaba pendiente, pues aseguran que no cuentan con los recursos para viajar a otro estado y darle seguimiento a su expediente. Entre los expedientes se encuentran distintos casos contra empresas como Comisión Federal de Electricidad (CFE), Audi de México y Petróleos Mexicanos (PEMEX).
