Tras una tercera manifestación realizada este martes en la ciudad de Puebla, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acordó con productores agrícolas poblanos revisar los 55 mil expedientes de devolución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), correspondientes al uso de diésel en labores del campo.
Los campesinos, provenientes de 110 municipios del norte del estado, llegaron nuevamente a la Delegación Norte del SAT, en la zona de Angelópolis a bordo de tractores para exigir respuesta a las negativas de reembolso del estímulo fiscal. En esta ocasión, fueron atendidos por funcionarios de alto nivel enviados desde las oficinas centrales del SAT en Ciudad de México.
La mesa de diálogo, que contó con la intermediación de la Secretaría de Gobernación estatal, se prolongó por cerca de cuatro horas. Como resultado, se estableció la instalación de una mesa permanente de trabajo, con reuniones semanales, la primera de ellas programada para el próximo viernes a las 13:00 horas.
En entrevista, Aldo Segura Cruz, vocero de los manifestantes y productor del municipio de Tlacotepec, explicó que la principal demanda era ser escuchados directamente por las autoridades fiscales, luego de que sus gestiones anteriores se limitaran al uso del Buzón Tributario.
“No están haciendo caso omiso a nuestras peticiones, si nos están escuchando; pidieron, también las autoridades que permanezcamos sin bloqueos en los próximos días”, explicó.
Segura detalló que las autoridades revisarán caso por caso, incluyendo solicitudes rechazadas, mediante procesos de revocación conforme a derecho. Estimó que las devoluciones podrían alcanzar hasta 220 millones de pesos, en beneficio de alrededor de 3 mil 500 familias del sector agrícola.
En tanto, uno de los puntos más polémicos ha sido la exigencia por parte del SAT de facturar insumos agrícolas como fertilizantes, semillas o refacciones para maquinaria que no están contemplados en los requisitos oficiales del estímulo. Ante esta queja, el SAT se comprometió a no exigir documentación arbitraria y solo pedirá acreditar el uso de diésel y la actividad agrícola, con facturas y constancias administrativas.
El caso de la funcionaria Hilda Reyes, auditora de la delegación, señalada por emitir múltiples negativas sin requerimientos previos, no fue abordado en esta reunión. Sin embargo, los agricultores afirmaron que su llegada coincidió con el aumento de rechazos y falta de comunicación clara por parte del SAT.
Finalmente, los campesinos señalaron que seguirán en diálogo, pero se mantendrán atentos a que los acuerdos se cumplan. “Esto es una victoria parcial, pero es el primer paso hacia la restitución de nuestros derechos”, concluyó Segura.
