Para el Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, quien fungió como titular de la Fiscalía General del Estado antes Procuraduría General del Estado durante el sexenio morenovallista, debe rendir cuentas y asumir las responsabilidades que deriven de sus actos.
La integrante del Comité, Carolina González Barranco, explicó que el pasado 5 de diciembre de 2019, Carrancá Bourguet, presentó su renuncia al cargo ante el Congreso del Estado; los representantes populares la aceptaron sin objeciones y el ejecutor de la mayor represión social de que se tenga memoria en Puebla, envilecedor de toda noción de procuración de justicia, desvencijador de la institución a su cargo y el mejor garante de la impunidad hacia la criminalidad en el estado ha salido por “la puerta principal” sin problema alguno.
Cierto es que todo servidor público, destacó, tiene el derecho de separarse de su cargo en el momento que desee, empero, los poderes del estado que se encuentran a cargo de aceptar dicha separación están obligados a evaluar su desempeño público; en caso de permitir su salida sin ningún tipo de rendición de cuentas, revisión o auditoría sobre su paso al frente de una institución, podrían suscitarse acciones de complicidad al dejar expedientes “limpios” de servidores que acumulan innumerables conductas públicas de corrupción, arbitrariedad, y aun aquellas que podrían ser calificadas de delictivas.
Expuso, la falta de evaluación del servicio prestado por funcionarios está dando lugar a que verdaderos ejemplares de corrupción y cinismo político busquen obtener un premio por su desempeño. Claro ejemplo son el del ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo, quien aspiró a encabezar la CNDH; o el ex presidente de la IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, aspirante a un cargo de magistrado en el TEF; ambos, después de los deleznables papeles desempeñados al frente de esas instituciones locales.
En el caso de Carránca, expuso, deformó el concepto de procuración de justicia; en su lugar ejerció a tono con los gobierno autoritarios a los que sirvió, concentrando el poder de la FGE al servicio del poder en turno, encubrió sin recato los oscuros intereses del morenovallismo, y convirtió a Puebla en un laboratorio donde se fabricaron expedientes delictivos para someter y acallar a la disidencia política, poniendo la infraestructura institucional y sus recursos humanos y materiales al servicio de la represión.
“Consideramos que, como cualquier otro servidor público, el ex fiscal Carrancá está obligado por mandato de la ley a rendir cuentas de su gestión y asumir las responsabilidades que deriven de sus actos frente de esas instituciones; en consecuencia, las autoridades están en el deber de exigir esas cuentas sobre su actuación como servidor público”, señaló.
Ante ello, dijo, este Comité exige al gobernador, Miguel Barbosa Huerta; al Congreso del Estado; al Auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano y a la Secretaría de Gobernación, manifiesten su postura clara frente al desempeño público que tuvo Víctor Carrancá al frente de la Procuraduría General de Justicia y después FGE, y si les mereciera alguna revisión su paso al frente de la misma y la situación jurídica, material y financiera en la que dejó al concluir su cargo.
