La protesta por agua en Xoxtla que derivó en el cierre de la autopista México–Puebla el pasado 28 de mayo llegó a los tribunales. Un juez federal resolvió vincular a proceso a Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero, acusados de organizar el bloqueo que afectó durante horas a cientos de automovilistas y transportistas en uno de los corredores más transitados del país.
La decisión se sustenta en el Código Penal Federal, que en sus artículos 533 y 534 tipifica como delito la obstrucción de vías generales de comunicación, al ser bienes de la nación bajo resguardo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Las sanciones pueden alcanzar hasta siete años de prisión y multas económicas, pues se trata de infraestructura considerada estratégica para la movilidad nacional y la seguridad económica.
El impacto del cierre fue inmediato. La autopista México–Puebla registra un aforo diario de más de 120 mil vehículos, de los cuales al menos 40% son unidades de carga. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), cada hora de interrupción en esa ruta genera pérdidas por arriba de 50 millones de pesos.
El bloqueo del 28 de mayo habría representado daños acumulados superiores a 200 millones, principalmente en cadenas de suministro, productos perecederos y la industria automotriz instalada en Puebla y Tlaxcala.
Aunque diversas organizaciones sociales han respaldado a los acusados bajo el argumento de que su protesta buscaba visibilizar el derecho humano al agua, el Poder Judicial recalcó que la manifestación no puede ejercerse a costa de la libre circulación y la seguridad de terceros.
En sintonía, la SICT advirtió que mantendrá “cero tolerancia” a bloqueos carreteros, por tratarse de infraestructura estratégica para el país.
El juez determinó que Bermúdez Chantes y Romero podrán continuar su defensa en libertad, al no imponerse medidas cautelares.
No obstante, el proceso judicial seguirá abierto y podría resolverse en un juicio oral o mediante una salida alterna como acuerdos reparatorios.
Al final de la audiencia, el abogado defensor Tonatiuh Sarabia Amador anunció que promoverá un amparo, al considerar que el Ministerio Público no acreditó de manera sólida la responsabilidad de sus representados.
