Leonardo Ariel Escobar Barrios reaparece con una voz que no se apresura.
Habla como quien vuelve de un sitio donde el tiempo dejó de obedecer las reglas comunes.
“Por primera vez hablo desde mi propia voz”, dice, y la frase no es un recurso retórico: durante días fue apenas un cuerpo sin nombre, una presencia sin registro, un silencio que nadie supo ubicar.
Llegó a Monterrey el 31 de diciembre. Era una escala mínima, tres horas antes de continuar a la Ciudad de México. Un tránsito sin historia. Nunca ocurrió.
Algo se quebró entre la pista y la sala de espera. “Por circunstancias extrañas”, explica, y se aferra a lo que puede probarse: cámaras, registros, evidencia médica. La memoria, en cambio, avanza a saltos, como si todavía tuviera que cruzar un terreno inestable.
La Guardia Nacional lo llevó a una celda en Apodaca. Antes, los golpes. El cuerpo guarda el dato con exactitud: tres costillas fracturadas.
Pasó tres días detenido, sin aparecer en el Registro Nacional de Detenciones, sin que se le informaran sus derechos, sin llamada, sin aviso.
Bebía agua de un grifo oxidado. Dormía poco. Comía mal. El tiempo se volvió una materia espesa.
Cuando lo liberaron, le devolvieron sus pertenencias, pero no la orientación.
Salió desubicado, herido, con la conciencia alterada. Intentó volver al aeropuerto para terminar el viaje, como si aún fuera posible retomar la vida que había quedado en pausa.
No pudo. Ahí comenzó otro extravío: fue despojado nuevamente de sus objetos, se le negó el acceso y terminó inadmitido sin explicación. La policía empezó a empujarlo lejos, cada vez más lejos, hasta sacarlo del perímetro visible.
Sin documentos, sin dinero y sin asistencia médica, comenzó a deambular.
Cuatro días. Sin comida. Sin agua. El sol cayendo sin tregua. Para sobrevivir, se refugiaba en la maleza, buscando sombra como quien busca oxígeno. El cuerpo entró en modo resistencia. La ciudad siguió de largo. Nadie preguntó su nombre.
Lo encontraron a la orilla de la carretera. No eran autoridades. Era una patrulla vinculada a una clínica de rehabilitación.
Lo confundieron con un habitante de calle. No recuerda haber decidido nada.
“Me recogieron porque estaba al borde de la muerte”, dirá después. Lo llevaron al municipio de Juárez. Ahí pasó diez días inconsciente. No habló. No explicó quién era. Solo bebía agua. El mundo quedó suspendido.
El 15 de enero, regresó. Primero el nombre. Luego el oficio. Después la memoria. Intentó construir un plan para avisar quién era y salir de ahí. Afuera, mientras tanto, su rostro ya circulaba. Una ficha de búsqueda. Un operativo. La coincidencia. Así fue localizado por la fiscalía.
Leonardo enumera lo ocurrido sin dramatizar. Habla de irregularidades: la falta de registro, la negación de asistencia médica, la imposibilidad de acceder al Instituto Nacional de Migración o al servicio médico del aeropuerto.
Habla también de discriminación, de preregistros migratorios exigidos a personas colombianas, de datos económicos que otros parecían conocer. Niega que su ingreso al anexo haya sido voluntario. Agradece, sin embargo, a quienes lo auxiliaron: “Gracias a ellos, sigo vivo”.
Cierra con gratitud. A la Universidad Iberoamericana Puebla, a su familia, a las autoridades consulares, a quienes lo buscaron cuando él no podía buscarse a sí mismo. Recomienda un salmo. Respira. Está aquí.
Vivo de milagro.
Posicionamiento
Tras la localización con vida de Leonardo Ariel Escobar Barrios, la Universidad Iberoamericana Puebla emitió un pronunciamiento público en el que agradeció a la comunidad universitaria, a la sociedad civil y a las autoridades que colaboraron en su búsqueda.
La institución subrayó que la localización no equivale a justicia y pidió el esclarecimiento pleno de los hechos, el deslinde de responsabilidades y la reparación a las víctimas.
El caso generó una amplia movilización en redes sociales y espacios universitarios durante los días de su desaparición, así como exigencias públicas para su localización con vida.
La IBERO señaló inconsistencias desde el inicio del caso, cuestionó la filtración de información oficial y llamó a que la investigación se base en evidencia acreditable y en el testimonio de la víctima.
Las autoridades de Nuevo León mantienen abiertas las indagatorias correspondientes.
