2 de junio 2016
Son más de 11 de millones de personas indocumentados que de no legalizarse no podrían reclamar su plan de retiro en Estados Unidos.
Y los veinte, treinta o cuarenta años de trabajo en el país norteamericano y sus deducciones del Seguro Social no podrán ser reclamados.
Aberrantes políticas y una clara violaciones a los derechos humanos.
De ahí la urgencia de aprobar una reforma migratoria.
Son miles de millones de dólares con los que se queda la administración de seguro social.
Ahora podemos entender porque se intensifican las deportaciones.
Solo una razón, adueñarse del fruto de años de trabajo de nuestras comunidades migrantes.
Don José Meneses por más de 20 años cortó césped en un campo de golf, preparó tortillas mexicanas en una fábrica, pasteó ganado y recorrió medio país trabajando como ‘troquero’.
Ahora a sus 60 años y postrado en una cama de hospital busca cosechar los frutos de su esfuerzo y recibir una pensión del Seguro Social.
Sin embargo, como millones de inmigrantes, sin un estatus migratorio legal, los miles de dólares que cotizó por años no están a su alcance.
“Duele que hayas trabajado aquí 25 años y que le digas al seguro ‘ayúdame con unos pesitos’ y que te digan ‘no te podemos ayudar’”, señala este oriundo de Mexicali.
Como Don José, más de 11 millones de personas contribuyen al fondo de la Administración del Seguro Social (SSA) sin tener la certeza de que un día podrán recuperar esa inversión.
En contraste con la retórica antiinmigrante actual, los inmigrantes indocumentados han sido parte vital para salvar el SSA inyectando más de 12,000 millones de dólares anuales.
¿Quiénes son verdaderamente los delincuentes y ladrones del llamado país de las oportunidades?
