A más de dos décadas de ocurridos los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación en la que acredita la comisión de tortura por parte de elementos policiales contra una persona que, al momento de la detención, era menor de edad.
El organismo estatal determinó que durante un operativo de seguridad, la víctima fue sometida a agresiones físicas y tratos degradantes, lo que constituyó violaciones graves a derechos humanos fundamentales.
En el resolutivo, la CEDH señaló que las autoridades responsables incurrieron en uso excesivo de la fuerza y fallaron en su deber de investigar de manera diligente, permitiendo que el caso quedara sin esclarecimiento durante 23 años.
La recomendación establece que se vulneraron derechos como la integridad personal, la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia, por lo que el Estado está obligado a garantizar una reparación integral.
Entre las medidas ordenadas se incluyen atención médica y psicológica especializada, indemnización económica, una disculpa pública y programas obligatorios de capacitación para cuerpos de seguridad en materia de derechos humanos.
La resolución fue notificada a las dependencias involucradas, las cuales deberán informar si aceptan la recomendación y detallar las acciones para su cumplimiento. La CEDH dará seguimiento y hará públicos los avances, aunque no cuenta con facultades sancionadoras.
