La detención del secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco, Antonio Hernández Pacheco, desató una crisis al interior del Ayuntamiento encabezado por Ariadna Ayala Camarillo. Ahora, hasta 11 funcionarios municipales presuntamente estarían buscando protección mediante amparos ante la justicia federal.
La versión comenzó a circular en redes sociales y coloca bajo el reflector a prácticamente toda la estructura de primer nivel del gobierno municipal. En la lista aparecen Verónica Arellano, secretaria del Ayuntamiento; Heraclio Hernández Ramírez, contralor; Pedro López Coatepec, secretario de Gobernación; Juan Manuel Bravo, actual secretario de Seguridad; José Gerardo Sánchez, secretario de Infraestructura; Israel Castro López, titular de Servicios Públicos; Fermín López Alvarado, secretario de Bienestar; Iván Godos Hernández, de Desarrollo Urbano; Itzel Hernández Alvarado, de Recursos Materiales; Luis Fernando Perea, director de Egresos, y la propia presidenta municipal, Ariadna Ayala.
Sin embargo, es importante precisar que no todos esos amparos han sido acreditados públicamente. Hasta ahora están documentados los recursos promovidos por Ariadna Ayala, el tesorero Juan Francisco García Martínez y el contralor Heraclio Hernández Ramírez. El resto de los nombres deberá confirmarse mediante los respectivos expedientes judiciales.
El caso que detonó esta situación fue la detención de Antonio Hernández Pacheco, ocurrida el 14 de agosto sobre la Vía Atlixcáyotl. El exsecretario de Seguridad fue señalado por la Fiscalía General del Estado por los delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal y posteriormente quedó sujeto a prisión preventiva.
La alcaldesa Ariadna Ayala promovió el amparo 914/2026 el mismo día de la detención de su secretario de Seguridad. Posteriormente, el tesorero Juan Francisco García Martínez presentó el expediente 923/2026, mientras que el contralor Heraclio Hernández Ramírez recurrió al juicio de amparo 955/2026.
La sucesión de recursos ha generado cuestionamientos políticos sobre el alcance que pudiera tener la investigación y si ésta podría extenderse a otros funcionarios de la administración municipal.
La propia presidenta municipal ha defendido su decisión de recurrir al amparo al señalar que se trata de un derecho constitucional y que su objetivo era conocer si existía algún procedimiento jurídico en su contra.
En paralelo, el Cabildo de Atlixco designó a Juan Manuel Bravo Baxil como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, en sustitución de Hernández Pacheco.
El escenario resulta inusual para una administración municipal: un secretario de Seguridad detenido y procesado, la presidenta municipal y otros dos funcionarios de primer nivel con amparos documentados, y una lista que apunta a que el temor podría haberse extendido a buena parte del gabinete.
