A los 62 años, el reportero Bonfilio Mendoza enfrenta una discapacidad permanente mientras sigue esperando que se ejecute un fallo laboral que ganó desde 2009 contra la empresa de la que fue dueño el empresario millonario Ricardo Henaine.
La rutina diaria de Bonfilio está marcada por la ausencia de su pierna derecha. Hace dos años fue amputada, tras una serie de complicaciones de salud que se sumaron a una vida ya golpeada por la precariedad.
Caminar, trasladarse o trabajar se han vuelto tareas complejas. A esa limitación física se añade otra carga que arrastra desde hace más de tres lustros: un juicio laboral ganado, pero nunca cumplido.
Vive con una discapacidad permanente y con un expediente que permanece abierto desde 2006.
Durante la pandemia, su caso quedó archivado, como muchos otros en los tribunales laborales.
Antes y después de ese periodo, asegura, la respuesta institucional ha sido la misma: largas esperas, trámites detenidos y ninguna acción efectiva para ejecutar un laudo que quedó firme desde 2009.
Ese año, el 12 de junio, la Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla resolvió el expediente D_2/110/2006 a su favor.
El fallo condenó a Grupo Rihemez SA de CV, empresa propiedad de Ricardo Henaine Mezher y entonces editora, al pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima dominical y otras prestaciones laborales.
El origen del conflicto se remonta a abril de 2004, cuando Bonfilio fue despedido tras 16 años de trabajo como reportero.
Cubrió diversas fuentes y desarrolló su carrera en un medio que, con el paso del tiempo, dejó de circular.
En un primer momento, acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se declaró incompetente. Posteriormente, el juicio fue atraído por la Junta Local, donde finalmente obtuvo una resolución favorable.
Sin embargo, el fallo nunca se tradujo en pago. Bonfilio sostiene que no hubo ofrecimientos reales por parte de los abogados de la empresa ni acciones contundentes por parte de la autoridad laboral, como embargos efectivos.
Con el tiempo, el medio dejó de publicarse y años después reapareció bajo una nueva administración.
La legislación laboral establece que quien adquiere una empresa o sus activos también asume las obligaciones laborales pendientes.
Ese principio, afirma el reportero, no ha sido aplicado en su caso, pese a que el laudo sigue vigente.
Mientras tanto, los años transcurrieron fuera de los expedientes: llegaron las enfermedades, el deterioro físico y, finalmente, la amputación.
Hoy, Bonfilio Mendoza señala que su historia refleja las fallas de la justicia laboral cuando las resoluciones no se ejecutan.
Por ello, ha hecho un llamado público a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Roberto Santiago Sánchez González, para que su caso sea revisado y se dé cumplimiento a una resolución que, aunque ganada en tribunales, sigue sin hacerse efectiva en la vida real.
