El Operativo Enjambre comienza a destapar algo más grande que la detención de dos presidentes municipales en Puebla: una posible red de protección institucional que habría permitido durante años la operación de grupos dedicados al robo de transporte, extorsión, secuestro y otros delitos en uno de los principales corredores carreteros del país.
Las investigaciones federales sobre Los Zúñiga no terminaron con las capturas de los alcaldes de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, y de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna.
La red
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las pesquisas permanecen abiertas para identificar y detener a otros integrantes, colaboradores y posibles protectores de la organización.
De acuerdo con las indagatorias, Los Zúñiga desarrollaron mecanismos para facilitar sus actividades criminales en la carretera Puebla-Veracruz, entre ellos labores de vigilancia, bloqueos para impedir el ingreso de autoridades y posibles filtraciones de información sobre operativos.
El grupo es identificado por las autoridades como responsable de robos de unidades y mercancías, privaciones de la libertad y hechos de violencia contra transportistas y usuarios de la carretera federal 150-D.
Su principal zona de operación se ubicó entre los kilómetros 210 y 217, además de mantener vínculos con Los Chokos, organización con presencia entre los kilómetros 198 y 214 del mismo corredor.
El hilo que permitió llegar hasta Puebla comenzó a jalarse con la captura de Genaro “N”, identificado como líder de Los Zúñiga, detenido el pasado 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz, junto con otras dos personas.
Las investigaciones posteriores llevaron hasta Esperanza, donde autoridades federales ejecutaron simultáneamente 23 órdenes de cateo y detuvieron a nueve personas.
Entre ellas se encontraban el alcalde Isaac Rodríguez Ochoa; su hermano Manuel; Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública Municipal, además de otros servidores públicos y personas presuntamente relacionadas con la estructura.
La dimensión operativa del grupo quedó expuesta con los aseguramientos: 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
También fue localizada una bodega que presuntamente era utilizada para descargar unidades y mercancías robadas.
El caso se amplió con la captura del alcalde de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, investigado por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
García Harfuch colocó ambos casos dentro de una ofensiva nacional contra la infiltración criminal en gobiernos locales. Desde el inicio de la actual administración federal, informó, suman 111 funcionarios públicos detenidos por presuntos vínculos con estructuras delictivas dentro de las acciones asociadas al Operativo Enjambre.
El gobernador Alejandro Armenta respaldó las investigaciones y sostuvo que en Puebla no habrá protección para ningún servidor público que mantenga vínculos con organizaciones criminales, independientemente de su cargo o filiación política.
El siguiente capítulo del Operativo Enjambre en Puebla podría estar precisamente en determinar hasta dónde llegaban las redes de protección de Los Zúñiga y quiénes permitieron que la organización mantuviera durante años capacidad para vigilar, bloquear y presuntamente anticiparse a las autoridades en la Puebla-Veracruz.
