Enrique Romero señaló instrucciones para favorecer a particulares, presunta persecución y resistencia a restituirlo en Cholula; responsabilizó al presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández.
El juez Enrique Romero Razo denunció presuntas presiones para resolver asuntos a favor de particulares y acusó al Consejo de la Judicatura de Puebla de resistirse a cumplir una resolución federal que ordena su restitución en un juzgado de Cholula, tras su traslado a Ciudad Serdán.
En entrevista a Mediatik Noticias, sostuvo que el Poder Judicial poblano enfrenta una crisis institucional y que su caso forma parte de una situación que afecta a otros juzgadores, quienes, aseguró, están inconformes con las intervenciones administrativas en sus decisiones y con las formas de conducción del organismo.
“No solamente son exclusivos de su servidor, es una situación generalizada”, expresó sobre los problemas que enfrenta. El juez atribuyó estas prácticas a la administración encabezada por Pedro Antonio Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura, a quien también señaló por presuntas represalias.
Las presiones
Romero Razo relató en la entrevista telefónica que, cuando se encontraba en Cholula, un administrador le llamó para indicarle que entregara una vivienda a la parte actora de un juicio civil, con el argumento de que el inmueble estaba desocupado. Sin embargo, antes de actuar decidió verificarlo y encontró que el demandado permanecía en la propiedad.
“Tengo que verificar que verdaderamente el bien inmueble esté desocupado”, recordó que respondió. Sostuvo que obedecer sin esa revisión habría significado sacar al ocupante para complacer una petición ajena al desarrollo legal del procedimiento.
En otro asunto, aseguró que recibió presiones para liberar cuentas bancarias de una empresa que habían sido aseguradas por un juez especializado en materia mercantil de la capital.
Añadió que un empresario acudió a verlo y le dijo que ya había hablado con Pedro Antonio, pero afirmó que se negó a realizar una actuación que consideraba irregular.
Consultado sobre si estas llamadas son frecuentes, respondió: “Con esta administración sí, por supuesto”. Según su testimonio, otros jueces también han rechazado instrucciones y algunos han solicitado licencias ante las condiciones que enfrentan.
“Los que llevamos muchos años en esto y que precisamente no vamos a violentar la ley mediante una simple llamada telefónica”, manifestó al explicar por qué considera que se ha confrontado con la actual administración.
El juzgador también relató que, durante una visita de supervisión a su anterior adscripción, no le permitieron formular manifestaciones ni le entregaron copia del acta.
Aseguró que había recibido un juzgado con tres años de rezago y cerca de 800 sentencias pendientes, situación que buscaba explicar para contextualizar su desempeño.
El cambio
Sobre su traslado, informó que llegó a Ciudad Serdán el 1 de julio de este año e impugnó el cambio de adscripción por motivos de salud. Explicó que tiene 58 años y que, aunque ha trabajado en distintas regiones de Puebla, sus condiciones personales lo llevaron a solicitar protección federal.
De acuerdo con su versión, obtuvo una resolución favorable desde agosto, pero el Consejo se negó a concretar su restitución en Cholula.
Por ello promovió un incidente por cumplimiento defectuoso, del cual derivó un requerimiento de 24 horas para cumplir, con el apercibimiento de dar vista al Ministerio Público Federal.
Romero Razo atribuyó esa resistencia a una cuestión personal, que describió como una posible “vendetta”, y cuestionó que se coloque al Poder Judicial en un conflicto por incumplir una determinación federal.
“Para nosotros es nuestra vida. Yo llevo más de 30 años en el Poder Judicial del Estado”, expresó.
Añadió que continuará el trámite ante la justicia federal para exigir el cumplimiento y sostuvo que su petición de regresar a Cholula responde a razones de salud, no a intereses en determinados expedientes.
La denuncia
También denunció que existe una investigación en su contra y aseguró que se busca presionar a la Fiscalía para judicializarla, obtener una orden de aprehensión y exhibirlo públicamente como un funcionario corrupto.
Afirmó que ha solicitado intervenir en la carpeta para conocer los señalamientos y ejercer su defensa.
En ese contexto, señaló al secretario del Consejo, Omar Farid Gómez, por una presunta intervención ante la Fiscalía de Puebla respecto de su asunto.
Asimismo, atribuyó vínculos de cercanía entre el área anticorrupción y Martínez Hernández, lo que, a su juicio, compromete la imparcialidad con la que se atiende su caso.
“Se trata del cumplimiento de la ley, del respeto a los derechos humanos, del respeto al principio de la presunción de inocencia, del respeto al debido proceso”, manifestó.
Al comparar su situación con la que vivió durante el morenovallismo, sostuvo que actualmente encuentra menos condiciones para una defensa jurídica.
“Estamos enfrentándonos al poder bruto del Estado”, expresó, y lo describió como “un poder irracional, sin límites”.
Riqueza judicial
El togado cuestionó, por otra parte, los resultados del combate a la corrupción anunciado por Martínez Hernández.
Aseguró que los señalamientos sobre el llamado “cártel del despojo” no se han traducido en investigaciones y sanciones suficientes, mientras persisten patrimonios de integrantes del ámbito judicial que, sostuvo, deberían revisarse.
Mencionó propiedades en Cholula, mansiones, vehículos de hasta tres millones de pesos, bodegas y negocios presuntamente vinculados con funcionarios judiciales.
También afirmó que existe un grupo al que algunos compañeros llaman “el club de Las Vegas”, por sus viajes frecuentes a esa ciudad. Durante la entrevista no presentó documentos que acreditaran esas afirmaciones.
Asimismo, cuestionó los requisitos del nombramiento del presidente del Consejo y aludió a dudas sobre su formación y título profesional, señalamientos que tampoco acompañó de documentación durante la conversación.
En contraste, sostuvo que su propio patrimonio puede ser revisado. Aseguró que lleva 54 años viviendo en la misma casa, posee un automóvil modelo 2012 y no tiene inmuebles adicionales ni vehículos de lujo.
Por lo tanto, invitó a conocer sus condiciones de vida y compararlas con sus ingresos.
El juez afirmó que ha encontrado a numerosos compañeros inconformes y preocupados, aunque reconoció que dentro del Consejo también hay personas valiosas.
Insistió en que su cuestionamiento no responde a la juventud de su presidente, sino a las decisiones y formas de ejercer el cargo.
Sobre su trabajo actual, señaló que recibió alrededor de 500 sentencias pendientes en Ciudad Serdán y que ha buscado abatir el rezago pese a la falta de personal.
Explicó que atiende asuntos civiles, familiares, mercantiles y penales del sistema tradicional, en un distrito con una carga importante de conflictos por propiedades.
Finalmente, sostuvo que mantendrá su postura y responsabilizó a Pedro Antonio Martínez Hernández de cualquier afectación que pudiera sufrir él o su familia.
“Nosotros vamos a estar actuando con estricto apego a la ley”, expresó.
