El juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Jorge Arroyo Martínez, negó la suspensión definitiva contra el proyecto del Cablebús en Puebla.
En su resolutivo consideró que no existen elementos que acrediten afectaciones ambientales, debido a que la obra aún no se ha materializado.
De acuerdo con la resolución judicial, el juzgador determinó que, al tratarse de un proyecto en fase de planeación, no es posible acreditar daños al medio ambiente como lo argumentaron colectivos y vecinos que promovieron el amparo.
En ese sentido, concluyó que los actos reclamados resultan “inexistentes”, lo que impide frenar de manera definitiva el desarrollo de la obra.
El recurso fue impulsado por organizaciones como el Colectivo Hermanos Serdán, la Asamblea Social del Agua y vecinos de colonias como Prados Agua Azul y Huexotitla, quienes han señalado posibles afectaciones a áreas verdes, falta de información y ausencia de estudios completos de impacto ambiental.
El fallo del juez se da en el contexto de un proceso legal más amplio, luego de que previamente se concediera una suspensión provisional que detuvo trabajos en algunas zonas.
Sin embargo, con la negativa a la suspensión definitiva, el proyecto no queda cancelado y puede continuar su curso jurídico.
En su argumentación, el juez sostuvo que no se ha demostrado que exista tala, remoción o daño a la vegetación derivado del Cablebús, por lo que no se configura un riesgo ambiental inmediato que justifique una medida cautelar más estricta.
Tras la resolución, colectivos opositores reiteraron que mantendrán la resistencia y las acciones legales para frenar el proyecto, al considerar que no se está aplicando el principio precautorio en materia ambiental. También insistieron en la necesidad de transparentar la información técnica y abrir espacios de participación ciudadana.
El proyecto del Cablebús, impulsado por el gobierno estatal, se mantiene como una de las principales apuestas en materia de movilidad urbana. Autoridades han señalado que continuará el proceso de socialización con vecinos y organizaciones, mientras avanza el litigio.
Así, el caso se mantiene abierto: sin suspensión definitiva que detenga la obra, pero con una disputa legal activa entre autoridades y colectivos que cuestionan su viabilidad ambiental y social.
