Trabajadores señalan que exintegrantes del Comité, involucrados en presuntos despidos y conflictos internos entre 2011 y 2017, hoy intentan regresar a la dirigencia sindical.
Varios aspirantes a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla fueron señalados por trabajadores como responsables de despidos masivos, imposición de dirigencias y presuntas irregularidades en la entrega de plazas durante las administraciones panistas de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.
Hoy, dichos perfiles buscan regresar al Comité Ejecutivo, lo que genera preocupación y rechazo entre la base, según fuentes periodisticas.
Los hechos documentados por los trabajadores del llamado Sindicato de Burócratas, indican que en febrero de 2013, cuando Héctor Posadas Manzano ocupaba la Secretaría General, se realizaron 125 despidos de trabajadores con plazas de confianza del gobierno anterior, todas de categoría R, consideradas irregulares. Meses después, en octubre de 2013, se sumaron 25 despidos adicionales, incluidos 12 trabajadores que aspiraban a la Secretaría General, previo al proceso de renovación del sindicato.
Según la relatoría sindical, en diciembre de 2013 se impuso a Rosalía Barranco como secretaria general, acompañada por Virginia Meza y Emanuel Rodríguez como asesores, mientras que Verónica Lastra y Dolores Muñoz se integraron al comité en distintos cargos. Durante esa administración, en 2015, se registraron más de 1,500 despidos de base, según los testimonios recabados, lo que desarticuló significativamente la estructura sindical.
Posteriormente, Meza y Rodríguez se distanciaron de Barranco, presuntamente por disputas relacionadas con el manejo de cuotas internas, y abandonaron el Comité.
En 2017, Virginia Meza solicitó apoyo al entonces gobernador José Antonio Gali para asumir nuevamente la Secretaría General, desplazando al trabajador Arturo Coyotl, quien había ganado con amplio margen en la elección interna.
En ese periodo, Emanuel Rodríguez regresó como colaborador directo. De acuerdo con los denunciantes, además del manejo de cuotas, se habrían concretado convenios con empresas y ventas de plazas de base a personas de confianza.
La relatoría subraya que figuras como Meza, Rodríguez, Lastra, Muñoz y Jhovani Oliver —todos hoy aspirantes a posiciones dentro del sindicato— tuvieron participación directa o indirecta en los despidos, en la imposición de dirigencias y en decisiones que afectaron a la base durante años. Los trabajadores aseguran que este grupo contribuyó a humillar, amedrentar y debilitar la estructura sindical, provocando un ambiente de temor y desconfianza prolongado.
El regreso de estos perfiles al proceso electoral genera inquietud entre los empleados de base, quienes consideran que su participación podría replicar prácticas que afectaron derechos laborales y consolidaron manejos cuestionables al interior del sindicato.
Hasta el momento, ninguno de los aspirantes mencionados ha emitido una postura pública respecto a estas acusaciones, ni se han presentado documentos que acrediten o desmientan los señalamientos.
