La tensión volvió al Cereso de San Miguel, luego de que familiares de personas privadas de la libertad salieron este lunes a las calles para denunciar que al interior del penal presuntamente opera una red de extorsiones, abusos y control por parte de un grupo de la delincuencia organizada.
La protesta se concentró frente al reclusorio y provocó el cierre temporal del Camino al Batán con dirección al Periférico Ecológico.
Con pancartas y consignas, los manifestantes exigieron la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública y el traslado de los internos a quienes responsabilizan de intentar apoderarse del control del penal.
Los inconformes aseguraron que la situación dentro del Cereso se ha deteriorado en las últimas semanas y señalaron que algunos reclusos presuntamente ligados a La Familia Michoacana mantienen un esquema de intimidación y cobros contra la población penitenciaria.
Durante la manifestación también pidieron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, al considerar que las irregularidades persisten sin que exista una respuesta efectiva por parte de la administración.
La movilización fue documentada por diversos reporteros y medios locales mediante videos y fotografías difundidos en redes sociales, donde se observa a decenas de personas apostadas en el acceso principal del penal mientras exigían una investigación.
Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Pública del estado no había emitido un posicionamiento oficial sobre las denuncias ni informado si se abrirá una investigación por los señalamientos realizados por los familiares.
El Cereso de San Miguel ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntos casos de autogobierno, corrupción y extorsiones, por lo que esta nueva protesta vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad y gobernabilidad al interior del centro penitenciario.
Las irregularidades denunciadas por los familiares:
• Presuntas extorsiones a los internos.
• Cobros por acceso al agua.
• Venta obligada de productos de higiene.
• Cobros por permitir las visitas familiares.
• Renta ilegal de teléfonos celulares.
• Maltratos contra personas privadas de la libertad.
• Presunto acoso sexual contra parejas de los internos.
• Supuesta presencia y control de integrantes de La Familia Michoacana.
• Intento de autogobierno dentro del Cereso.
• Exigencia de traslado de los presuntos líderes del grupo y destitución del director del penal.
