Gobierno listo para litigar y desaparecer a Agua de Puebla para Todos: Barbosa


El gobierno del estado está determinado a desaparecer a Agua de Puebla para Todos y regresar el servicio al ayuntamiento capitalino, por lo que ya se prepara un litigio en tribunales.

Así lo reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al indicar que ya existen reuniones con la concesionaria para recuperar el control del servicio, dijo el gobernador.

En videoconferencia de prensa, el mandatario estatal, señaló que se busca recuperar el control del servicio de agua potable en la capital, la que desde hace cinco años está en manos de la empresa privada Agua de Puebla para Todos, perteneciente a Concesiones Integrales.

“Nosotros ya estamos listos para litigar el tema, pero estamos listos para encontrar la mejor solución”, aseveró.

Recordó que el contrato del agua, firmado a favor de particulares durante las administraciones de Rafael Moreno Valle, en el estado; y de Eduardo Rivera Pérez, en el municipio, favoreció solamente a particulares.

“Se firman documentos de concesión leoninos para el estado y beneficiosos para los privados, para los privados es un negocio, no es un derecho, y ellos quieren seguir ganando”.

Por lo tanto, el objetivo es cuidar los intereses de la gente, a la que también le pidió pagar por el suministro que recibe en sus hogares y negocios, comentó.

“Yo no descarto lo que dije ayer, que el municipio se haga cargo con todas las obligaciones, porque aquí, el municipio no presta el servicio del agua, no tiene bomberos, no tiene ambulancias”.

Indicó el gobernador que distribuir agua en la capital del estado, necesitará de una inversión de miles de millones de pesos, por lo que es importante que la gente contribuya.

Señaló que la gente no tiene la cultura del pago de los servicios, “no todos. Yo no me explico cómo los comerciantes de la Central de Abasto, no pagan el agua”, aseveró.

“Si se regresara a un régimen municipalizado, se tendría que pagar el agua”, sostuvo.

Incluso adelantó en caso de que el servicio sea rescatado, el nuevo contrato tendrá que pasar por el Congreso del Estado, aunque no exista obligación para ello.